Alonso criticó a Casanello por enviar a juicio a Báez sin incluir a CFK

Ayer, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, acusó al juez federal Sebastián Casanello de “vivir dentro de un tubo” al cuestionar la decisión del magistrado de elevar a juicio la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario de la construcción Lázaro Báez sin incluir a Cristina Fernández de Kirchner. “Ha habido una resistencia sistemática a esta altura de indagarla”, dijo.

El juez Casanello dio por cerrada la instrucción y elevó a juicio oral la causa contra Báez y otros imputados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por la que el empresario está detenido desde abril de 2016. “El dinero lavado por Báez es de la obra pública y de la asociación ilícita montada por Néstor y Cristina Kirchner. Eso está en los expedientes y cualquier persona lo entiende salvo el juez Casanello, que se resiste a indagar a la expresidenta en la causa de lavado”, manifestó.

Asimismo, Alonso precisó que la oficina que dirige presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal “para que se expida al respecto”. La exdiputada nacional insistió en destacar que “el dinero desviado de la obra pública hacia las empresas de Lázaro Báez volvía a la familia Kirchner” y que, luego de la muerte de Néstor, “la jefa de la asociación ilícita era Cristina”. 

Según la funcionaria, Néstor Kirchner “se encargó, como cerebro político y delictivo, de montar en el Estado la otra cara de la estructura societaria a través de José López y de Julio De Vido, para desviar más de 46.000 millones de pesos en contratos de obra pública”, y advirtió que “si el juez no quiere ver esto, que lo vemos todos, lo tendrá que explicar ante las autoridades y ante el Consejo de la Magistratura”. 

La decisión de Casanello incluye a 25 personas que habían sido procesadas por lavado de dinero agravado, entre quienes están los cuatro hijos de Báez, 

Martín Antonio, Leandro Antonio, Luciana Sabrina y Melina, además del financista Federico Elaskar, el valijero Leonardo Fariña, su abogado Jorge Checo y su contador Daniel Pérez Gadín. El fiscal federal Guillermo Marijuan, había solicitado en su resolución incluir a la expresidenta, pero el magistrado lo desestimó y no la incluyó.