Perczyk destacó poder “ampliar la oferta para democratizar el acceso a la universidad”
“Si se arancela la universidad o se la privatiza, quedarán afuera muchos chicos y chicas, trabajadoras y trabajadores”, expresó Jaime Perczyk.
El fallo obligaría a pagar una indemnización de u$s16.000 millones.
12/10/2023 - 00:00hs
El Gobierno nacional formalizó la decisión de apelar a través de una carta enviada el martes a la magistrada Loretta Preska, mientras que en los próximos días se realizará la presentación oficial de los argumentos.
En tanto, los representantes legales de la Argentina apelaron al fallo de la Justicia de Nueva York que obligaba al país pagar una indemnización de u$s16.000 millones a Burford Capital y Eton Park por la expropiación de YPF. Asimismo, aún se espera por la determinación de Preska, quien tiene que indicar aún a partir de cuándo tendría efecto la sentencia formulada el pasado 15 de septiembre.
Por su parte, los demandantes pidieron que el fallo tenga efecto a partir del 16 de octubre, es decir a partir de los 30 días de emitida la sentencia, ya que la Argentina consideró que Burford Capital y Eton Park no respetaron “un período razonable”, que a su criterio es la duración de todo el proceso de la apelación, según indicaron oficialmente.
Asimismo, los abogados expresaron al respecto, “decida lo que decida Preska su decisión no afecta ni condiciona el derecho de Argentina a apelar, solo impacta sobre la posibilidad de Burford de intentar forzar el cobro, por ejemplo, mediante algún eventual embargo, mientras tramita la apelación”.
A principios de octubre, Burford Capital reclamó a la jueza Preska que habilite la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior a partir del 16 de octubre. Para evitar esa medida, exigió que la Argentina deposite de manera preventiva ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo.
Así es que la defensa argentina, representada por el estudio Sullivan & Cromwell, manifestó que no podría hacer dicho pago actualmente, ya que el desembolso generaría “daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”, y siguieron: “Existe una clara barrera legal para la República”.
Los abogados que representan al Estado argentino alegaron también que “la sentencia de u$s16.100 millones representa una cantidad equivalente a casi el 20% de la Presupuesto federal de la República para 2023. El pago de tal proporción del presupuesto de un país no es posible para cualquier gobierno en el cronograma propuesto por los demandantes”, consideraron los legistas.
Del mismo modo, citaron al FMI, que “estimó recientemente que el Banco Central de la República tiene un saldo casi negativo de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales netas” y al cual la República “tampoco puede pedir prestados fondos para asegurar una fianza”.