Ataque a la libertad de expresión: En una semana podría desaparecer el diario Hoy

Quien pone en riesgo la libertad de expresión hace peligrar casi todas las demás. Los cimientos de la República se resquebrajan. La democracia tambalea.

Es lo que está ocurriendo en La Plata y, particularmente, con el diario Hoy, cuya cuenta bancaria acaba de sufrir un embargo preventivo millonario, arbitrario e injustificado por parte del titular del Tribunal de Trabajo Nº4, Rodolfo Francisco Martiarena.

De forma exprés, sin existir sentencia firme, ni contar con documentos probatorios, ni ordenar una pericia de parte, Martiarena hizo lugar a una demanda laboral en curso y congeló $2,5 millones, necesarios para afrontar los gastos de papel y tinta, pagar los salarios de periodistas, diseñadores y personal de imprenta, todos aquellos que hacen posible que el diario llegue a las manos del lector, como desde hace casi 25 años.

Hoy, la suerte del medio depende exclusivamente de la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 5, Fabiana Maricel Coradi, en quien acaba de recaer un recurso de amparo, a la espera de una inmediata y favorable respuesta.

Con la esperanza de obtener una resolución que se ajuste a derecho y garantice no solo la continuidad de la fuente de ingresos de más de 150 familias que a esta altura del mes no tienen asegurado su sueldo, sino, sobre todo, que respete el derecho constitucional a informar y ser informados, tal como lo establece el Artículo 14 de nuestra Carta Magna.

La medida resuelta por Martiarena atenta contra esa libertad inalienable, en cuanto imposibilita la salida del diario fundado un 10 de diciembre de 1993, al cumplirse la primera década del regreso de la democracia y con la firme convicción de terminar con el monopolio de la palabra en la capital de la Provincia.

Ahora, por intermedio de Martiarena, el poder central vuelve a la carga pretendiendo retrotraer a toda una comunidad a un cuarto de siglo atrás, intentando desaparecer la pluralidad de voces para dejar solo el relato unívoco, monocorde y genuflexo que empaña el cristal con que se mira la realidad, esa que muchos no quieren que se sepa.

No es la primera vez que un gobierno de turno, molesto por la verdad que se cuenta desde estas páginas, avanza hacia la desaparición del diario.

Sin embargo, este es el atropello más fuerte, grave e inconstitucional. Hiere y golpea con su onda expansiva a los miles de lectores que cada mañana, desde hace un cuarto de siglo, salen de sus casas hacia los puestos verdes para reencontrarse con el canillita de toda la vida y comprar el diario que eligen para informarse.

De confirmarse este insostenible embargo, moriría ese sencillo pero amistoso vínculo. Cientos de trabajadores quedarían sin su sustento. Y otros miles dejarían de tener al diario Hoy como esa voz que se alza en mitad del desierto informativo.

Por ellos, por nosotros, por todos, es vital que la jueza Fabiana Maricel Coradi resuelva contra la aberración jurídica que significa dejar a la ciudad sin una de sus fuentes informativas.

Que sea Justicia.

Un juez mandado por el poder central

Por M.R.CH. V. de B.

No es la Justicia ni la defensa por el más débil lo que ha motivado al juez Rodolfo Francisco Martiarena a hacer lugar al planteo de un supuesto exempleado despedido del diario Hoy.

Su tan rápida resolución, sin pruebas cabales, obedece al mandato del poder central que despliega toda su artillería para hacer desaparecer al medio. Fracasados los intentos anteriores, quienes gobiernan la Provincia de Buenos Aires ahora se valen de un juez corrupto que con real malicia traba un embargo millonario que asfixia financieramente a la empresa y esconde un único interés: silenciar al diario Hoy.

A instancias de la Gobernadora, de hombres como el Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas y otros funcionarios, la Justicia se escuda en un acto de defensa laboral -ese que no existió ante empresarios de medios K como Sergio Szpolski, autoincriminado en una estafa millonaria y en libertad- para interrumpir la salida del matutino, en un claro ataque a la libertad de expresión.

Tal aberración jurídica ocurre después de meses en los que me han enajenado todos los bienes por simple por portación de apellido, por ser la madre de quien antes dirigiera este diario, pero sin estar imputada ni haberme hallado una sola prueba en contra. Pues, pese a que muchos quisieron ensuciar mi nombre y el de mi esposo, la Justicia pudo comprobar que lo que tengo ha sido comprado legítimamente.

Ocurre que Cambiemos, que asumió en nombre del diálogo y la defensa de la democracia, quiere uniformidad de la palabra, periodismo adicto y mentira. Nada de eso encontrarán en estas páginas.

Sobre la libertad de escribir

“Tiempos de rara felicidad, aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo”, fue el lema bajo el cual Mariano Moreno fundó La Gazeta de Buenos Ayres, el 7 de junio de 1810.

Y en ese medio patrio, publicó el artículo “Sobre la libertad de escribir” en el que ya advertía: “No se reprima la inocente libertad de pensar en asuntos del interés universal. […] Si se oponen restricciones al discurso vegetará el espíritu como la materia y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”.

El pueblo, recordaba el fundador de La Gazeta, “tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos”.

Hace ya más de dos siglos Moreno entendía que el sistema republicano solo podía solidificarse garantizando la libertad de expresión para todos. Sin ella, creía, se intensifican los abusos de poder, se esclaviza al pueblo y se lo mantiene en la ignorancia.

Contra la Constitución

La libertad de expresión, uno de los elementos fundacionales de la democracia, está contemplada por legislaciones vigentes como nuestra Constitución Nacional, que en su Artículo 14 establece que todos los argentinos gozamos, entre otros derechos, de “publicar las ideas por la prensa sin censura previa”.

También, el Pacto de San José de Costa Rica ratifica que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares (…) encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.