El ministro de Ambiente de la Nación se refirió a los focos ígneos que están azotando al Delta del Paraná desde hace seis meses y señaló como uno de los culpables al intendente de San Nicolás.
Hay muchos dueños de esas tierras incendiadas. Está el exministro de Economía, Roque Fernández, en el menemismo. Está el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. Su hermano también, Santiago Passaglia, que es diputado provincial. Ellos son dueños de estas tierras en el Delta e incendian.
Está la familia Baggio, dueña de la empresa de los jugos. Está la familia del intendente de Victoria, Domingo Maiocco, de la provincia de Entre Ríos”, sostuvo Juan Cabandié en una entrevista con Crónica TV.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible se refirió, de esta forma, a los nombres volcados en una nota escrita por el periodista Facundo Pastor, donde se enumeran los principales sospechosos de ocasionar los incendios, dado que, como propietarios de esos campos, buscan, una vez apagado el fuego, extender la superficie ganadera y así beneficiarse económicamente.
Cabandié también señaló al Poder Judicial, que permanece inactivo frente al desastre ambiental que está golpeando a la Argentina, al recordar que “hay distintas familias propietarias que tienen campo e incendian, y la Justicia no hizo nada. No sé por qué. Hay causas, yo hice una denuncia penal hace tres meses, pero el juez parece que no encontró a nadie. Es raro, habrá tenido algún problema con el tóner de la impresora. No se expide, no resuelve, hay imputaciones, pero todavía no procesó a ninguno”.
“Hay connivencia en la Justicia y diversos sectores productivos o propietarios. En el Delta del Paraná tenemos más de seis meses de fuego sostenido. Esto no es por falta de capacidad de quienes tienen que apagar, que son los brigadistas. Muy por el contrario, los brigadistas apagan, pero a los tres días vuelven a encender”, remarcó.
Cabe recordar que el día viernes el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó junto a los titulares de otros cinco bloques un proyecto de ley que busca proteger los ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios, desalentando de este modo la especulación financiera e inmobiliaria.
De aprobarse la iniciativa, se prohibiría por 60 años realizar modificaciones en el uso de las superficies de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales con respecto al destino que tenían previo a los incendios, ya sean provocados o accidentales. A su vez, para las zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, la inhibición sería por 30 años.