Caso Julio López: el Estado reconoció su responsabilidad

El Estado argentino selló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo de solución amistosa con la familia Jorge Julio López mediante el que reconoció su responsabilidad por la desaparición del testigo clave en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por represores de la última dictadura cívico militar.

Según precisó el Gobierno nacional, a través de este documento, el Estado reconoció su “responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, al debido proceso legal, a la protección judicial efectiva y a la integridad personal, en perjuicio de López y de sus hijos”.

El acuerdo rubricado por el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; los hijos de López, Rubén y Gustavo; sus abogados y la Cancillería, explica que la responsabilidad estatal se da “por la falta de articulación de medidas para resguardar a López como víctima y testigo en un juicio por crímenes de lesa humanidad” y de “debida diligencia en la investigación de la desaparición y en la búsqueda de su paradero”.

Asimismo, remarca “la impunidad imperante sobre lo sucedido y sus eventuales responsables y las lesiones a la integridad personal que todo aquello significó para sus hijos”. El 18 de septiembre de 2006, Julio López salió de su domicilio en el barrio de Los Hornos hacia los Tribunales para presenciar la audiencia de alegatos en la causa contra el genocida Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad, en la que previamente había declarado como testigo clave, pero nunca llegó a destino.