Escala el escándalo de los afiliados truchos de LLA
La causa judicial que investiga las irregularidades del partido libertario en Chaco avanzó con más testimonios que confirman las sospechas.
La jueza de Nueva York negó suspender el fallo por la expropiación de YPF y ordenó transferir el 51% de las acciones a los fondos litigantes.
15/07/2025 - 00:00hs
La jueza Loretta Preska de Nueva York rechazó el pedido de la Argentina para suspender la sentencia que la obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF. Se trata del paquete accionario que el Estado nacional mantiene desde la expropiación realizada en 2012 a la firma Repsol, y que ahora los fondos Burford Capital y Eton Park reclaman como parte de una millonaria indemnización.
El fallo y su alcance
La decisión de Preska ratifica el fallo que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por supuestas irregularidades en el proceso de nacionalización. Si bien el país apeló el fallo, la jueza resolvió que, mientras se sustancia la apelación, las acciones deben ser depositadas en una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM), para ser transferidas a los demandantes. El plazo para hacerlo es de 14 días a partir de la orden judicial.
Esta decisión judicial fue interpretada como un endurecimiento de la posición de la magistrada, que además había solicitado meses atrás que la Argentina informara sobre otros activos estratégicos, como el oro del Banco Central y acciones de empresas estatales. A pesar de esta embestida, el Gobierno todavía tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que podría extender el proceso por hasta dos años.
Reuniones y una posible salida política
En medio del avance judicial, este martes se realizará en Nueva York una reunión clave entre las partes. Los representantes legales de Argentina intentarán ganar tiempo y sostener la posición del país, mientras que los fondos demandantes buscan abrir una instancia de negociación directa con altos funcionarios del Gobierno nacional.
Los argumentos de la defensa argentina apuntan a que la orden de Preska violaría el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
La causa mantiene en vilo no solo a la administración nacional sino también a inversores y observadores internacionales, atentos al desenlace de un conflicto que pone en juego la soberanía energética y los límites de la justicia extranjera sobre decisiones de política pública.
Aunque el Gobierno busca transmitir que aún hay margen de maniobra, lo cierto es que el revés judicial marca un nuevo punto crítico en la disputa por YPF.