Cierran el círculo judicial sobre Massot por complicidad con la Dictadura

Dos nuevas presentaciones en contra del empresario periodístico Vicente ­Massot, dueño del diario bahiense La Nueva Provincia durante décadas, se realizaron en los últimos días, por acusaciones de complicidad con la Dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.

Se trata de un pedido de procesamiento por instigación al genocidio, ya que habría utilizado ese periódico como plataforma para apoyar e incentivar las acciones del régimen dictatorial, y por su presunta complicidad en el asesinato de dos obreros de ese medio, con los que mantenía un conflicto; además de una nueva imputación porque La Nueva Provincia, bajo su mando, habría realizado un “aporte fundamental” en la persecución y represión ilegal de docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

“El último bastión de resistencia”

La más reciente de estas medidas fue adoptada por la Fiscalía Federal de Bahía Blanca, en una causa por el secuestro y sometimiento a torturas de una treintena de estudiantes y profesores universitarios de esa ciudad, hechos que aún no habían sido tramitados en un juicio. Massot está incluido en una lista de empresarios acusados de haber formado una parte instrumental de esas operaciones. También están imputados expolicías, exmilitares y exfuncionarios judiciales.

“El requerimiento demuestra detalladamente la coordinación entre las Fuerzas Armadas y de seguridad, el Poder Judicial federal y los medios de comunicación contra la Universidad del Sur como objetivo estratégico”, observó el fiscal Miguel Ángel Palazzani. “Los impulsores y ejecutores del genocidio sostenían que, además de la subversión armada, había una guerra cultural que debía ser librada abiertamente en los claustros universitarios, el germen de la subversión”.

Para Palazzani, “la universidad era el último bastión de resistencia cultural a la instalación del discurso aliado del genocidio que escribía La Nueva Provincia en sus páginas”.

Instigación al genocidio

En tanto, el pedido de procesamiento está relacionado con otra causa en la que también se acusa a Massot de haber utilizado su diario para colaborar con el plan asesino de la Dictadura.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Ba­hía Blanca (representada por Palazzani y por Pablo Fermento) presentó la solicitud en base a “elementos probatorios que fueron agregados” a la causa en cuestión “y no tenidos en cuenta al momento del dictado de la falta de mérito del em­presario”. Por eso, los fiscales pidieron “rechazar el sobreseimiento pedido por su defensa y disponer su procesamiento por instigación del genocidio y como coautor del homicidio de dos obreros gráficos”.

Los funcionarios judiciales se cuidaron de aclarar que esta acusación no se generaliza a “la actividad periodística durante el terrorismo de Estado, ni aun cuando se tratara de la emisión de discursos del odio”, sino que particularmente Massot, a través de La Nueva Provincia, incurrió en un delito específico, la instigación al genocidio, y en el “ocultamiento deliberado de la verdad de los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través del llamamiento al exterminio”.

El periódico “desarrolló una campaña mediática que consistió, entre otras, en la justificación de la eliminación de grupos sociales calificados como subversivos, en la exhortación a las Fuerzas Armadas a no declinar en la empresa de exterminio y a llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias”, afirmaron Palazzani y Fermento.

No solo eso: los fiscales afirman que Massot fue coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que trabajaban en su diario, y que habían protagonizado un conflicto sindical con la empresa.

Según la imputación, Massot formó parte de un “entramado delictivo para el aniquilamiento de opositores políticos” y tuvo una “comprobada y personal participación en el señalamiento de quienes consideraba integrantes de un soviet enquistado en la empresa, y de la entrega de esa información a las autoridades militares”.