“Pepín” Rodríguez Simón pidió la eximición de prisión
Tras 1.240 días prófugo de la Justicia, el exasesor macrista presentó un pedido de eximición de prisión que finalmente fue negado por el fiscal.
La abogada de la Correpi María del Carmen Verdú explicó que la resolución de la Cámara de Casación que revocó la condena que había recibido el policía "fue una noticia alentadora”.
08/05/2024 - 00:00hs
La abogada de la Correpi María del Carmen Verdú explicó que la resolución de la Cámara de Casación que revocó la condena que había recibido el policía "fue una noticia alentadora” debido a que “dice claramente que la sentencia del Tribunal de Menores que condenó a Luis Chocobar a una pena ridícula por homicidio con exceso en el legítimo cumplimiento del deber estaba plagado de fallas”.
En ese marco, la abogada de Correpi destacó que Casación “menciona que el fallo tiene una déficit de motivación lógica, que es lo peor que se puede decir de una sentencia; que surgen evidentes contradicciones en los votos de los 3 jueces porque afirman circunstancias distintas sobre aspectos centrales del hecho”.
En tanto, Verdú señaló que “hace mucho que no venía un fallo de Casación que pegara de manera tan dura y descalificara de manera tan tajante un fallo judicial” y precisó que “la mayoría de los argumentos” para revocar el fallo “surgen de la querella, quien planteó estos defectos. También lo hizo de manera inversa la defensa de Chocobar”.
A su vez, remarcó que “Milei y Bullrich mienten porque acá no se absolvió a nadie”, sino que “se dijo que esta sentencia es una porquería y hay que hacer todo de vuelta”. Por lo tanto, adelantó que “vamos a ir a un nuevo juicio oral y nuestra expectativa es que no se pongan nuevas trabas, que rápidamente se pueda llegar a juzgar a Chocobar y condenarlo por la pena que corresponde por el fusilamiento por la espalda de un chico que corría desarmado”.
Por otra parte, la letrada cuestionó que el abogado defensor de Chocobar, Fernando Soto, también sea funcionario público en el Ministerio de Seguridad, aunque aclaró que “es más común de lo que se cree”.
Asimismo, indicó que esa situación “pone en desventaja a las familias de las víctimas que tienen que afrontar gastos en el proceso”, al tiempo que denunció que, con esta actitud, “se reconoce desde el Estado que un hecho por el que un policía puede ser condenado por homicidio agravado es entendido como un acto de servicio. Eso es gravísimo”.