Demandarán a los padres de los chicos que realicen intimidaciones en colegios

El gobierno bonaerense busca sancionar con una multa cercana a los $25.000 a los tutores de los menores que llamen por teléfono para indicar la presencia de explosivos en entidades escolares. Desde el 1º de septiembre hubo más de 2.400 casos en la Provincia y, solo ayer, unos 200. El 90 por ciento habría sido protagonizado por alumnos. Preocupa la suspensión de las clases

El gobierno bonaerense decidió ayer promover demandas por daños y perjuicios contra los padres o tutores de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas, tras el aumento exponencial que se verificó desde el inicio de septiembre en este tipo de casos, que sumaron 2.400 en poco más de un mes. 

Un alto funcionario del gobierno explicó que “la decisión de María Eugenia Vidal es la de llevar a la Justicia a los padres o tutores de quienes realicen las intimidaciones”. Un informe preliminar indicó que más del 90 por ciento de los casos fueron protagonizados por menores. Además, solo en el día de ayer, se radicaron más de 200 denuncias de amenazas de bombas en entidades escolares. Cabe destacar que cada operativo de evacuación de escuelas, que implica movilizar al SAME, Defensa Civil y la Brigada de Explosivos, cuesta unos 25.000 pesos.

El jueves último, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, advirtió que una amenaza de bomba en una escuela “no es una broma, es un delito”, y aclaró que se trata de “un acto de intimidación pública penado por la ley”. “Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica Brigada de Explosivos, fuerzas policiales, Bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona”, explicó el funcionario.

“Cuando todo este dispositivo acude a una amenaza de bomba, caemos en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia”, dijo Ritondo, quien señaló que “como padre, entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas”, y advirtió que “con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados”. 

De este modo, los imputados por este delito quedan bajo la figura de “intimidación pública”. Por eso, se pidió que los padres y directivos de los colegios adviertan a los alumnos que aquellos que realicen los llamados pueden resultar procesados en causas por las que enfrentarán penas de entre dos y seis años de prisión.

La intención es frenar la escalada de denuncias

Desde el gobierno de Vidal remarcaron ayer que, si bien la amenaza “es un delito excarcelable, se decidió promover una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos”, y subrayaron que ya se realizaron operativos conjuntos entre la Justicia y el Ministerio de Seguridad, allanamientos y detenciones”. “Los costos que generan los operativos deberán ser cubiertos por las demandas”, insistieron al explicar la decisión oficial que busca frenar la escalada de intimidaciones.

La problemática cobró relevancia pública ante el crecimiento de las amenazas de bombas que se viene reportando en el último mes. Por ello, tres fiscales de Morón comenzaron una investigación para determinar si hay una organización detrás, puntualmente en las escuelas del oeste del Conurbano, que derivaría en centenares de causas.