Los fiscales que tuvieron a su cargo el alegato en el marco del juicio que se le sigue al múltiple genocida Miguel Etchecolatz en el ex centro clandestino conocido como Pozo de Arana destacaron que son “un complemento insoslayable”.
18/04/2022 - 00:00hs
Los integrantes de la Unidad Fiscal Federal de La Plata para causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado destacaron la importancia de poner en marcha medidas reparatorias para los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad, junto con el dictado de sentencias condenatorias para los genocidas autores de esos delitos.
El fiscal general Gonzalo Miranda y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira fueron quienes dieron el alegato en el marco del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata sigue al genocida Miguel Etchecolatz y al ex jefe policial Julio César Garachico, por el secuestro y torturas de siete personas y el asesinato de cuatro de ellas, en el ex centro clandestino conocido como Pozo de Arana.
Junto al pedido de prisión perpetua para ambos represores, los fiscales solicitaron una serie de medidas que consideran necesarias por su carácter reparatorio, en especial para los familiares de las víctimas y para la sociedad toda.
“Las medidas están sustentadas en una consolidada jurisprudencia interamericana, donde se establece que la reparación integra la obligación de garantía a la que se someten los Estados, junto con la prevención, investigación y sanción de estos delitos”, explicó Nogueira.
Destacó que, en ese sentido, dichas medidas “son un complemento indispensable e insoslayable de cualquier decisión judicial sobre estos temas, siendo la manera por la cual la Justicia puede generar soluciones concretas frente a los efectos y graves consecuencias de estos crímenes, que muchas veces no encuentran una debida solución desde el derecho penal puro y duro”.
El fiscal general Gonzalo Miranda explicó que a lo largo de este juicio ha quedado evidenciado “el daño en las personas que han padecido directamente los hechos y también en sus familiares, que han tenido que coexistir con este drama, con ese vacío dejado por la desaparición, debiendo reformular su proyecto de vida”.
“Las medidas reparatorias solicitadas buscan una reparación individual y colectiva, vinculada en este caso a la memoria, el reconocimiento público y señalamiento de lugares”, destacó Miranda, y explicó que “el testimonio de Jorge Julio López permitió ver las connotaciones que tuvo la zona de Arana para el funcionamiento del plan represivo, una zona que, como pudimos desarrollar en el alegato, tuvo distintos lugares, todos cercanos entre sí, donde funcionaron centros clandestinos. Y esto fue muy elocuente con la inspección ocular que hicimos sobre la zona en diciembre”.