Hacia una nueva Ley de Alquileres

Desde la semana pasada, el Congreso debate en comisiones una nueva norma que reemplace a la vigente, la cual, lejos de ser una solución, complicó más a dueños e inquilinos. La idea del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el mes próximo.

Las acciones para generar una nueva Ley de Alquileres en el Congreso ya están en marcha. Desde la semana pasada comenzaron las exposiciones de los representantes de inquilinos, martilleros, de defensa del consumidor, de las cámaras de propietarios y también expusieron los centros que se dedican a estudiar el tema.

Las mismas continuarán este 19 y 20 de abril, cuando se harán nuevas reuniones informativas en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Moreau, quien cumpliría con el plazo de 30 días para finalizar el debate.

Cabe recordar que el día 12 de este mes se escuchó la exposición de 43 invitados, los cuales en su mayoría correspondieron a los sectores de inmobiliarias e inquilinos.

De acuerdo con el cronograma establecido, la discusión pasó a cuarto intermedio hasta mañana y el miércoles, días en que se darán las reuniones presenciales. Por otro lado, entre el 26 y el 27 de abril se pretende comenzar a firmar el dictamen.

Según consignaron fuentes oficiales, la intención del oficialismo es avanzar en el debate y llegar a un dictamen de consenso para llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados el mes próximo.

Dentro del Frente de Todos, el diputado José Luis Gioja propuso una iniciativa que incluye topes en los precios y un impuesto a las viviendas vacías, mientras que Gisela

Marziotta confeccionó un proyecto propio que congela los aumentos hasta que se establezca un nuevo índice de actualización y la creación de una cámara nacional de alquileres.

Sergio Massa ya había advertido que buscaba avanzar con la conformación de una comisión especial que suspenda por 90 días los dos artículos referidos a la duración de los contratos y la actualización anual por el índice que combina inflación y evolución de los salarios.

En Juntos por el Cambio, partido que redactó la ley vigente (con el diputado Daniel Lipovetzky a la cabeza, a tal punto que muchos la llaman “Ley Lipovetzky”), consideran que la derogación completa de la ley es la mejor alternativa y adelantaron que de ninguna forma apoyarán impuestos contra las viviendas “ociosas” como quiere Gioja.

Uno de los proyectos del bloque es el de Rogelio Frigerio, que busca boicotear la oferta reducida de las propiedades que hay en el mercado, sumadas a los precios altos y a las dificultades crecientes para el acceso a la vivienda por parte de los inquilinos. El legislador sostiene que, al brindar incentivos a los propietarios de inmuebles para alquiler, disminuirá la cantidad de propiedades ociosas, incrementará la oferta, la competencia y ayudará a contener los precios de los alquileres a lo largo y ancho del país. “Sobre todo en los precios iniciales de los contratos de alquiler que se celebren a partir de la sanción de este proyecto”, señaló.

En sus fundamentos, a los que pudo acceder diario Hoy, Frigerio afirma que los ­propietarios “mantienen fuera del mercado inmobiliario sus departamentos y/o casas como consecuencia de las alteraciones de los precios relativos y la incertidumbre que generó la Ley de Alquileres, n° 27.551. Aún más incierto se presenta el panorama tras reiterados anuncios que aseguran que la misma sería derogada o modificada”.

Hay otro proyecto que fue presentado en el Senado por Lucila Crexell, que incorpora una exención en la ley n° 23.966 de Bienes Personales para eximir del pago de ese tributo a los propietarios de inmuebles ofrecidos para alquilar cuyo valor no supere los 30 millones de pesos.

Una de las cuestiones más objetadas por el oficialismo pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.

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