“Podemos ofrecer precios bajos y estables, pero necesitamos políticas de Estado”

Así lo dijo Agustín Suárez, referente nacional de la UTT, el gremio que nuclea a miles de pequeños productores en la Provincia y el resto del país. Reclaman créditos para multiplicar la producción del sector y una ley de acceso a la tierra. El beneficio: alimentos con precios más transparentes y menos ligados al dólar.

Entre todas las medidas anunciadas por los gobiernos nacional y bonaerense en busca de contener los precios de los alimentos, solo un puñado atañen al sector de los pequeños productores agroecológicos. Allí, sin embargo, estaría parte de la clave para que las frutas y verduras, y hasta los principales cereales, se despeguen del precio del dólar y se vuelvan más previsibles. Así lo argumenta

Agustín Suárez, referente nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), la cual nació en el cordón frutihortícola de La Plata y sus alrededores, llegando hoy a agrupar a 22.000 familias y cooperativas en todo el país. En diálogo exclusivo con diario Hoy, Suárez dijo que se necesitan políticas públicas para auxiliar al sector (muy golpeado tras cuatro años de macrismo y dos de pandemia) y señaló que enfocarse en este tipo de producción redundaría en alimentos más baratos para todos.

—¿Cuál es hoy la situación del sector?

—Somos parte de un pueblo que está atravesando una crisis económica, que viene de una crisis sanitaria histórica, y entendemos que cumplimos un rol fundamental: hacemos el alimento que necesita el pueblo para vivir día a día. Como gremio, intentamos cuidar y proteger al trabajador de la tierra, pero eso se traduce después en alimentos para el resto del pueblo. Por eso nos preocupamos tanto.

Tenemos un circuito de comercialización importante, con el cual queremos llegar con un precio justo a los vecinos y vecinas. Buscamos que los costos de producción sean lo más bajos posible, pero no para ganar plata sin importar a cuánto termine el kilo de lechuga o de fruta, sino para cuidar a toda la cadena. Ahí es clave la política pública. Necesitamos, por un lado, que no haya tanta concentración, que es el problema que tenemos en la Argentina; y por el otro lado, necesitamos políticas públicas para los productores más chicos. Los costos que estamos teniendo son altísimos por el precio del dólar. Los fertilizantes pasaron de costar 500 pesos a $1.500. Es muy alevoso. Ahí necesitamos políticas activas por parte del Estado, tanto macroeconómicas como concretamente dirigidas al sector. Si no, va a ser muy difícil salir.

—El Estado argentino y el bonaerense han anunciado una serie de políticas, como el fondo del trigo y la empresa nacional de alimentos, además de programas que tienen que ver con la economía popular y los pequeños productores. ¿Esto no está funcionando como debería?

—Existe una serie de programas que nosotros entendemos que claramente no están alcanzando. Hay proyectos de maquinarias, de insumos, que ayudan a la producción y hay que profundizarlos. Pero hay cooperativas que vienen laburando fuerte que necesitan líneas de crédito accesibles, a tasas subsidiadas por el Estado, para poder fortalecer la producción y aumentar la mano de obra. Y esas líneas no existen. Las que hay están diseñadas desde un gabinete por alguien que no tiene contacto con la realidad. Algunas piden requisitos excesivos. Otras veces, son por montos muy pequeños, entonces no sirven para nada.

Además, muchas de las cooperativas quedaron muy golpeadas después de cuatro años de macrismo y dos de pandemia, y es necesario mayor apoyo para que sobrevivan. Estamos hablando de cooperativas de 50 o 60 años, que tienen 70 o 100 empleados y algunas mucha infraestructura, pero están muy mal. Con apoyo del Estado, con líneas de crédito reales pensadas para esas cooperativas, perfectamente podrían ponerse de pie y contratar mano de obra. Muchas incluso podrían haber jugado un papel fundamental con todo este problema del aumento del trigo, que lo sufrimos todos. El año pasado, la Cooperativa de Armstrong, en el sur de Córdoba, se fundió. La deuda que tenía era de 22 millones de pesos. Para una persona es un montón de plata, pero para un crédito del Estado no es nada. Así se repiten los ejemplos de cooperativas que podrían reactivarse con una línea pensada concretamente para ellas.

—¿Tienen algún diálogo con el Gobierno nacional o provincial?

—Sí, el mejor diálogo. Nos reunimos con los ministros provinciales y nacionales. Y todo esto se lo transmitimos y les hicimos propuestas concretas. Nuestro coordinador, Nahuel Levaggi, es presidente del Mercado Central de Buenos Aires. Tenemos una injerencia como organización. Pero también salimos a decir las cosas que faltan, porque pensamos que podríamos estar mucho mejor con líneas de crédito para las cooperativas, con fomento a la producción agroecológica; si lo hubiéramos tomado tiempo atrás como una política pública, hoy tendríamos miles de hectáreas dedicadas, en lugar de cientos. Y eso nos permitiría desacoplarnos del precio del dólar, que es el gran problema. Lo fomentamos porque es más sano y amigable con el ambiente, pero también por lo económico. Si no intentamos cambiar la matriz productiva, siempre vamos a estar atados a las grandes empresas.

Tenemos buenos rendimientos, buena productividad, y llegamos a la góndola con menor precio y, sobre todo, con precios más estables, porque los podemos regular mucho más. Además, toda la cadena es más transparente, porque los vecinos saben qué porción del precio se lleva el productor y el productor sabe cuánto va a ganar porque participa en la discusión.

Todo esto lo hacemos en base a nuestra propia organización. Necesitamos que se convierta en una política de Estado, una política real, no un mero subsidio. Ya demostramos que se puede; ahora hay que inyectarle recursos al sector para poder multiplicarlo.

—A ustedes los preocupa también el acceso a la propia tierra...

—Sí. Venimos peleando hace años por un proyecto de ley de acceso a la tierra, para que las familias productoras puedan comprar en vez de arrendar. El 90% de nuestros productores no son dueños de sus tierras, sino que las arriendan, a veces juntándose entre dos o tres familias para compartir un campo. Venimos promoviendo esa ley desde 2006. El año pasado parecía que iba a salir, pero perdió estado parlamentario. Este año vamos a insistir, pero con la nueva composición de las Cámaras no vemos que pueda haber un acuerdo político para que avance.

Noticias Relacionadas