Diputados retomó el debate por las irregularidades en la obra social del Poder Judicial

En un nuevo encuentro de la Comisión de Juicio Político que contó con la presencia de testigos y damnificados, pidieron citar al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda.

En un nuevo debate por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), la Comisión de Juicio Político le encomendó a la presidencia de la Cámara de Diputados que “se cite inmediatamente al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda” por el supuesto mal desempeño en sus funciones de supervisor de dicha mutual, cuyos malos manejos vienen siendo analizados durante las últimas semanas en el proceso de remoción de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, además del mismo Maqueda.

Los diputados oficialistas que conforman la mayoría en la comisión formularon las imputaciones por mal desempeño y posible comisión de delitos, y citaron al juez para que exponga sobre las irregularidades advertidas en la administración de la Ospjn.

A través de un informe preliminar dirigido a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que leyó la diputada Vanesa Siley en la Sala 1 del Anexo, donde deliberaba la comisión presidida por Carolina Gaillard, los legisladores del Frente de Todos pidieron que se convoque al ministro de la Corte “en los términos del artículo 13 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político”.

“Todo ello sin perjuicio de formular cargos remanentes en su oportunidad con respecto a los demás ministros de la Corte, conforme el devenir procesal y la probanza a reunirse o colegirse”, aclararon en el escrito presentado con firma digital en la quinta y última audiencia relacionada con la obra social.

Sin embargo, el magistrado no tiene obligación de asistir ni responder. Si quisiera, podría contestar por escrito.

La comisión consideró que los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, ya se encuentran ampliamente fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando y consolidando a lo largo de las audiencias.

Solo por la investigación ligada a las presuntas irregularidades en la obra social judicial se realizaron seis reuniones y declararon 17 testigos, afiliados damnificados y funcionarios. Entre ellos, el administrador desplazado de la Corte, Héctor Marchi (cercano al juez y extitular del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti) y el exdirector de la obra social de los judiciales Aldo Tonón.

En esta última reunión volvieron a citar a María Guadalupe Burgos, porque Tonón la había señalado como “la tesorera” encargada de firmar cheques millonarios, a pesar de que no es contadora. “No sé por qué manifestó eso, calculo que porque en el sector soy una de las más antiguas y con mayor experiencia. Pero eso no me pone en lugar de tesorera”, aseguró Burgos.

A su vez, aclaró que “en Tesorería no se toma decisión alguna”. “Se cobra o ejecuta el pago de la documentación que está registrada en el sistema, que ya pasó antes por las áreas de contaduría, auditoría y facturación”, agregó.

El próximo encuentro de la comisión será el jueves 15, y los legisladores van a comenzar a tratar una nueva ­causal del enjuiciamiento: el fallo de la Corte Suprema por la Coparticipación que le dio la razón a la Ciudad en su pelea con Nación. Todavía no está ­confirmado a quiénes se citará para esta ocasión.

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