Duro informe de organizaciones contra el Super RIGI

Desde Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta Greenpace: una decena de organizaciones presentaron conjuntamente un documento que desmiente los argumentos del Gobierno nacional sobre el proyecto de Super RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) que se discute en el Congreso.

En concreto, cuestionaron la delegación inconstitucional al Ejecutivo para definir qué actividades quedan comprendidas, la renuncia a la jurisdicción argentina en favor del arbitraje internacional, la decena de exenciones impositivas a la importación y a la exportación, la baja de la alícuota del 15% al impuesto a las ganancias y los 30 años de estabilidad fiscal sin contraprestaciones vinculante en materia de empleo, encadenamiento productivo o inversión en I+D.

A su vez, enmarcaron el proyecto en la presencia del tecno magnate estadounidense Peter Thiel y el posicionamiento internacional sobre la inteligencia artificial que el Presidente planteó en base a tres pilares: IA sin regular, la nueva categoría corporativa no humana, y un régimen fiscal competitivo.

“A diferencia de marcos regulatorios internacionales, el proyecto deja en manos del Poder Ejecutivo la potestad discrecional de definir mediante reglamentación qué es una ‘nueva actividad económica’”, alertaron las organizaciones. Asimismo, recordaron que el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, reconoció en las reuniones de comisión del Congreso que no sabía qué significa “una nueva industria”. “Qué es una nueva industria no lo sé, lo que no queremos es limitarlo”, había expresado.

Regalos inéditos a empresas

El estudio concluyó que los análisis técnicos locales e internacionales destacan que no existen precedentes en el mundo de regímenes que otorguen 30 años de estabilidad irrevocable a sectores “de alto dinamismo tecnológico y obsolescencia rápida” que se buscan incentivar con este proyecto. El Súper RIGI reduce Ganancias al 15%, elimina retenciones desde el día uno y recorta contribuciones patronales al 10%.

Las organizaciones señalaron que este proyecto actúa en tándem con la reforma a la Ley de Sociedades que impulsa crear la figura de sociedades operadas por IA con personería jurídica plena y responsabilidad limitada. Advirtieron que ambos textos promueven una “Impunidad Artificial”, donde “los daños civiles, ambientales o de privacidad provocados por algoritmos autónomos quedarían diluidos ante la estabilidad normativa del régimen y la renuncia a la jurisdicción judicial argentina que promueve el súper RIGI”.

También remarcan la contradicción entre un proyecto que busca atraer infraestructura tecnológica al mismo tiempo que el Gobierno nacional reduce el presupuesto para Ciencia y Tecnología.

Ante el reclamo de aliados, el oficialismo accedió a algunas modificaciones que les permitieron obtener dictamen: se estableció que las inversiones en I+D se computarán al doble de su valor, y se incorpora un “Plan de Desarrollo de Proveedores Locales” de por lo menos el 20%.