El combate contra la inflación también se librará en los almacenes de barrio. La administración de Alberto Fernández avanza en una canasta de 70 productos con precios controlados, mientras sostiene una puja con el sector rural por las retenciones.
21/03/2022 - 00:00hs
Tras los anuncios que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó el viernes por la noche, comienzan a delinearse las estrategias específicas con que el Gobierno se propone librar la “guerra contra la inflación”. Y queda claro que estas estrategias se reparten entre dos frentes de batalla: el campo, que sigue motorizando las exportaciones argentinas, y las góndolas de supermercados y pequeños almacenes.
En los últimos días recrudeció el debate por los precios de los productos exportables del sector agropecuario, especialmente la carne y el trigo, que repercuten sobre el bolsillo de las clases medias y bajas. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el de de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lanzaron advertencias al sector (ver página 3) para que cumpla con las disposiciones para mantener a raya los precios.
Mientras los legisladores de Juntos, el principal frente opositor, se aprestan a discutir en el Congreso (con pocas perspectivas de éxito) la validez del aumento de las retenciones a las exportaciones de harina y soja, el tema sigue dando que hablar. Domínguez dijo ayer que el Presidente “decidió cuidar a los productores argentinos” y que la medida no los afecta a ellos, sino “a las empresas exportadoras”.
Por su parte, la exdiputada nacional Fernanda Vallejos, muy ligada a la vicepresidenta Cristina Fernández, propuso debatir un esquema de retenciones móviles similar al que CFK había aplicado en 2008, cuando era presidenta de la Nación, el cual derivó en un gran conflicto con los ruralistas.
En el otro frente, el Gobierno está avanzando en una “canasta especial”, pensada para los almacenes y comercios de barrio, que comprendería unos 70 productos, incluyendo alimentos, y que comprometería a marcas líderes. “No queremos que haya descarte ni que las empresas aprovechen para poner allí lo que no venden. Esta canasta debe servir, y no ser un relleno para cumplir”, dijo una fuente del Gobierno.