Que la cuarta sea la vencida

Durante la pandemia los argentinos vieron como los carpinchos invadían Nordelta, fueron testigos de una bajante histórica del río Paraná y observaron cómo los incendios en Córdoba, Corrientes y el Delta consumían hectáreas que tardarán años en recuperarse.

Tras estos acontecimientos, el Congreso de la Nación contará nuevamente con la posibilidad de ocuparse de la Ley de Humedales, luego de que en noviembre de 2021 venciera el plazo para que las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tuvieran la oportunidad de aprobar el proyecto para su tratamiento en el recinto.

La lucha lleva casi diez años en el parlamento argentino, luego de que Elsa Ruiz Díaz presentara la primera idea en 2013, pero el escollo siempre ha sido el mismo: la Cámara Baja del Congreso. Las anteriores iniciativas para la protección de los humedales habían sido aprobadas en el Senado en 2013 y 2016, pero Diputados nunca dio el visto bueno, condenando a la iniciativa a perder estado parlamentario.

Durante 2020 se presentaron 15 proyectos de ley para regular los humedales en la Argentina: diez en Diputados y cinco en el Senado. Todos tuvieron el mismo destino: la indiferencia de los diputados.

En noviembre de 2020, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Diputados aprobó un texto de mayoría, con una disidencia parcial, y un texto de minoría.

En 2021, antes de que el proyecto se adormeciera en los cajones por tercera vez, activistas ambientales sostuvieron que “no hubo respuesta por parte de la política”, recordando que “en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados ya se trató el proyecto en noviembre del 2020”, pero “los tres presidentes o encargados de las otras comisiones no se presentaron a recibir lo que genuinamente manifestó la gente que sufre y ha sufrido”, como la quema de miles de hectáreas, padeciéndose “la ausencia de una ley que establezca cómo debemos ordenar el territorio y cómo tenemos que proteger los ecosistemas de los humedales que ocupan el 21% del territorio argentino”.

La Ley nacional busca promover la conservación, el uso sostenible y la restauración de los humedales, buscando terminar en las diversas jurisdicciones con el avance de empresarios sobre zonas sin planificación ni control, lo que ha generado un impacto en el plano socioambiental.

La Ley de Humedales es una iniciativa que necesita de otras leyes para poder formar parte de un grupo de regulaciones que permitan poner fin a la depredación de los recursos naturales.

Quienes la promueven indicaron que se necesitan recursos para prevenir los ataques contra la naturaleza y fomentar el cuidado por medio de la educación ambiental. Las sanciones posteriores deben estar acompañadas de medidas de resguardo previo.

Ya se contabilizan por tres las veces que se cayó el tratamiento de los proyectos que la fomentan. En las dos primeras ocasiones (2013 y 2016) llegó a ser aprobado por la Cámara Alta.

A fines de 2021 perdió estado parlamentario sin siquiera ser tratado en alguno de los dos recintos, y luego la iniciativa no fue incorporada al temario de sesiones extraordinarias, por lo que su recorrido murió sin siquiera haber empezado.

Este año, diputados del oficialismo volvieron a presentarlo y, a la vez, el Ministerio de Ambiente trabaja en un proyecto propio desde comienzos de febrero.

Con una nueva constitución en las Cámaras, tras la renovación legislativa de 2021, se espera que la cuarta sea la vencida. El titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso de la Nación, Leonardo Grosso, recordó las tres caídas anteriores y manifestó: “En Agricultura siempre hay lobby. Es la comisión que no da paso a esta Ley y no la trata. Los diputados no quieren asistir a ese temario, se rehúsan a ponerlo, los presionan en sus provincias los diarios y cada grupo concentrado, instalando la idea de que esto frena la producción. El lobby más oculto es el de la minería, que usa otras estrategias”.

Los objetivos principales del proyecto son la regulación de las actividades en humedales, la transferencia de recursos del presupuesto nacional hacia las provincias para mejorar la gestión de estos ecosistemas, la creación de un inventario y la apertura de espacios participativos en los cuales se diseñe el ordenamiento territorial.

El nuevo proyecto tendrá “cuatro audiencias públicas, dos reuniones de comisión de diputados y exposiciones de más de 60 personas de 18 provincias”, incluida “la comunidad científica, las organizaciones, los pueblos campesinos e indígenas, las comunidades de la agricultura familiar y los sectores que desarrollan sus actividades en humedales, como los desarrolladores inmobiliarios y del negocio forestal y la Sociedad Rural”, sostuvo el diputado Grosso.

El dictamen propone, entre otras cuestiones, penalizar los incendios intencionales en estos territorios, y regula la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas.

También crea un Inventario Nacional de Humedales, que consiste en un mapa que daría cuenta de dónde están los humedales en la Argentina, qué características tienen y qué función cumplen en cada lugar.

“Por eso pedimos responsabilidad institucional; no puede esperar más; ya es tarde”, concluyó el legislador del Frente de Todos.