El órgano encargado de designar y remover jueces intentará el jueves consensuar las ternas de candidatos para girar al Poder Ejecutivo. La discusión más difícil se dará en torno a quiénes se harán cargo de las cinco comisiones que lo componen.
El pedido de aprobar las ternas con acuerdo, sin disidencias de los consejeros, fue hecho por el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desde abril también titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para cumplir con el objetivo de dinamizar el organismo que selecciona y remueve jueces.
El jueves pasado, los 19 consejeros y Rosatti discutieron las ternas que se aprobarían en la reunión plenaria del próximo jueves y, más que acuerdo sobre qué ternas aprobarían, definieron cuáles no se votarán.
En este sentido, quedará afuera del plenario todo aquello que tiene que ver con los cargos en la Justicia Federal en Comodoro Py, y especialmente el concurso que busca reemplazar a los camaristas de traslado, declarados “provisorios” por la misma Corte: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Lo que se aprobaría
Quitando las ternas sin acuerdo, el Consejo estaría en condiciones de aprobar candidatos y candidatas en unas diez vacantes, principalmente en el interior del país, para ya trasladar al Ejecutivo la elección y cerrar su participación en el trámite constitucional complejo que implica elegir un magistrado.
El pedido de Rosatti encontró algunas resistencias, sobre todo en los consejeros que ingresaron cuando la Corte dispuso aumentar el número de integrantes de 13 a 20.
Los nuevos consejeros, como la representante de los abogados Jimena de la Torre o la jueza Agustina Díaz Cordero, plantearon que no estaban al tanto de los concursos que se pretenden aprobar y que por tanto debían volver a comisión, propuesta que se rechazó.
Pero las ternas discutidas no son el principal escollo del Consejo para mostrar más y mejores resultados, sino la discusión en torno a quiénes presidirán las comisiones, que a partir de abril son cinco: Selección, Acusación, Disciplina, Administración y Reglamentación, cuyas autoridades, según usos y costumbres, deben repartirse equitativamente entre los bloques del oficialismo y la oposición.
En el oficialismo no hay mayor conflicto en quiénes serían designados, pero sí en la oposición, donde se disputan los cargos a repartir, esencialmente entre los consejeros que entraron en abril y los que venían de mandatos anteriores.
Para presidir la comisión de Selección, que convoca y organiza los concursos, se anotaron los jueces Ricardo Recondo y Agustina Díaz Cordero, ambos del espacio opositor al Gobierno.
Otro de los conflictos está dado en la comisión de Acusación, que aspira a presidir el diputado del bloque PRO, Pablo Tonelli, aunque también pretende ese cargo la diputada radical Roxana Reyes.
“La oposición está un poco desordenada”, comentan no sin malicia en el espectro oficialista del Consejo. Tonelli dijo que “no está de acuerdo con esta mirada” y sostuvo que hasta el jueves se buscarán acuerdos y que, si no se alcanzan, mandarán los votos.
Además de resolver el tema de las comisiones, central para tener un funcionamiento pleno del organismo, se intentará aprobar una “comisión de giro”, responsable de analizar las denuncias contra los magistrados.
En principio, según acordaron el jueves pasado en la reunión de coordinación, dicha comisión estará integrada por los presidentes de Disciplina y Acusación, y la eventual intervención de cualquiera de los vicepresidentes en caso de empate.
Pero, de nuevo, la comisión de giro no podrá funcionar hasta tanto no se definan las autoridades de las otras dos.