El entramado oscuro de Justicia Legítima

Mediante movidas realizadas entre gallos y medianoche, se expanden las designaciones de integrantes de la secta judicial kirchnerista que son puestos a dedo para garantizar la impunidad K y atacar a críticos y opositores

En 2012, el gobierno nacional se fijó el objetivo de colonizar los pocos espacios independientes que aún quedan en la Justicia con un doble objetivo: garantizar la impunidad para todos aquellos funcionarios que saquearon el país una vez que Cristina Kirchner deje de ser presidenta a partir de diciembre de este año y, además, emprender fuertes ofensivas desde los tribunales para castigar a críticos, opositores y medios de comunicación independientes.

Así fue como se ideó el paquete de proyecto de ley, conocido como  “Democratización de la Justicia”, aprobado de forma expeditiva en el congreso nacional que, producto de la mayoría kirchnerista, actuó como si fuese una mera escribanía de la Casa Rosada. La movida apuntaba a politizar al máximo el Consejo de la Magistratura, el órgano constitucional encargado de la designación y remoción de jueces, fiscales y defensores oficiales. Pero, finalmente, la reforma quedó trunca tras un fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de las leyes sancionadas en el Congreso.

Para operar la reforma, hacia el interior del sistema judicial, surgió la asociación Justicia Legítima. Se trata de una suerte de secta tribunalicia, fundada por la procuradora Alejandra Gils Carbó, en la cual se enrolaron fiscales y jueces que trabajan a favor de los intereses del kirchnerismo, incluidos muchos que desempeñan funciones en los tribunales federales y provinciales de La Plata. Su obsecuencia con la Casa Rosada es tal que hasta llegaron al extremo de repudiar públicamente la movilización en homenaje a Alberto Nisman, realizada un mes después de que el fiscal de la causa AMIA, que había denunciado a Cristina Kirchner por encubrimiento, apareciera muerto en su departamento de Puerto Madero.

Algunos de los autores de los fallos más escandalosos pertenecen a Justicia Legítima. Por ejemplo, el camarista Eduardo Freiler, un egresado de la Universidad Católica de La Plata, es uno de los miembros fundadores de la secta. Su nombre aparece en la primera solicitada publicada por la asociación kirchnerista y siempre cumplió órdenes de CFK, al punto que fue uno de los responsables de la escandalosa decisión de apartar al juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur, luego de que el magistrado concretara una serie de allanamientos a empresas vinculadas con la familia presidencial, todas ellas sospechadas de ser pantallas para lavar dinero.

A fines de agosto, Freiler fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada por el presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, debido a que el camarista no tendría ingresos como para justificar la compra de un caserón en un lote de 1234 metros cuadrados, frente a la quinta presidencial de Olivos. En su declaración jurada, el magistrado informó que el inmueble en cuestión fue adquirido por $ 2,8 millones, pero los números no cierran por ningún lado: las estimaciones privadas fijan su valor de mercado en 1,4 millones de dólares. Es decir, 7,5 veces por encima del precio declarado.

En la mencionada solicitada también aparece otro nombre asociado al escándalo: Benjamín Sal Llargués. Se trata de un ex integrante de la Cámara de la Casación bonaerense que se hizo tristemente célebre al ser el máximo responsable de uno de los fallos penales más aberrantes de la historia judicial bonaerense. Concretamente,  le redujo la pena al abusador de un chico de seis años por considerar que el delito no era tan grave porque el chico antes había sido violado por su padre. La conmoción social por esta sentencia fue tan grande que hasta se hicieron eco en las Naciones Unidas y obligó a que Sal Llargués tuviera que presentar su renuncia.

Asimismo, muchos de los que eran simples funcionarios judiciales de segundo o tercer rango, que firmaron la primera solicitada de Justicia Legítima, en los últimos años llamativamente se convirtieron en jueces o fiscales. Tal es el caso del actual titular del presidente Tribunal de Trabajo Nº 2 de La Plata, Juan Ignacio Orsini, quien gracias a su pertenencia al universo K pasó de ser un simple burócrata de la Suprema Corte bonaerense a magistrado laboral. Orsini también es docente de Derecho Social en la UNLP y consejero directivo suplente de esa unidad académica. En ese mismo tribunal laboral también arribó otro miembro de “Justicia Legítima”: Federico Escobares, que fue designado juez luego de haberse desempeñado como un funcionario de menor jerarquía en el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Oscar Cuartango.

Escobares era director de Inspecciones en la cartera laboral, donde –insólitamente- se incumplían las más elementales leyes laborales.  Concretamente, hay denuncias de que los inspectores no se encontrarían debidamente registrados y en el Ministerio de Trabajo hasta se encuentra tercerizado el servicio de seguridad y de limpieza, que es prestado por una empresa integrada por aportantes a la campaña del Frente para la Victoria.  Quien asuma como presidente y gobernador, el próximo 10 de diciembre, se encontrará con este entramado oscuro que se ha expandido como una mancha de aceite en los tribunales de todo el país, especialmente en nuestra ciudad.

Abogados al servicio del kirchnerismo

En rigor, el juez laboral Federico Escobares no aparece en la primera solicitada de Justicia Legítima debido a que, en aquel entonces, no era funcionario judicial, sino un director del Ministerio de Trabajo. Eso no le impidió expresar su apoyo a la reforma judicial del kirchnerismo. Y lo hizo a través de otra solicitada, firmada exclusivamente por abogados. En esa lista aparecen varios operadores K que también fueron premiados con cargos en el Poder Judicial en los últimos años. Por ejemplo, está la firma del polémico abogado Claudio Vázquez, un conjuez puesto a dedo por el kirchnerismo en la Sala I de Cámara de Casación penal. Pese a sus escasos antecedentes en el campo del derecho penal (en su currículum aparece que fue empleado de una gomería durante más de 10 años), Vázquez reemplazó a Luis María Cabral quien había sido desplazado porque iba a decidir sobre la inconstitucionalidad del pacto con Irán en contra de los intereses del Gobierno.