El Gobierno avanza con la privatización de AySA

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación que habilitarán la venta del 90% de las acciones que hoy pertenecen al Estado. La medida se inscribe en la Ley Bases, que declaró a la empresa como sujeta a enajenación.

AySA es la principal prestadora de servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense. Su privatización representa un cambio estructural en la gestión de un servicio esencial para millones de usuarios. Caputo sostuvo que la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica y financiera permitirá expandir la red y mejorar la calidad del servicio.

El ministro defendió la decisión como parte de un modelo que busca limitar el rol del Estado en la administración de empresas públicas, al que calificó como un esquema de cajas políticas. Sin embargo, aunque el discurso oficial promete eficiencia y transparencia, la medida implica ceder el control de un servicio básico a intereses privados, con el riesgo de que las tarifas y la cobertura respondan más a la rentabilidad que a las necesidades sociales.

Un contrato con nuevas reglas

A fines de abril, el Gobierno había aprobado el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El esquema prevé que al menos el 51% de las acciones quede en manos de un operador estratégico seleccionado mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados locales.

Expectativas del mercado y desafíos

El proceso licitatorio se presenta como una instancia clave para atraer inversores. El mercado pondrá la atención en dos variables centrales: el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que impondrá la concesión. La decisión de avanzar con la venta de AySA se suma a otras medidas de desinversión estatal en empresas estratégicas. El desafío será equilibrar la necesidad de inversión privada con la garantía de un servicio esencial, en un contexto de creciente presión sobre los hogares por el costo de los servicios básicos.