Con el decreto 787/2025, el Ejecutivo libera los aranceles escolares. Las familias deberán afrontar aumentos en cuotas y matriculas sin control ni autorización previa.
El Gobierno oficializó este martes la desregulación de las matrículas y cuotas de los colegios privados, a través del Decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida deroga una norma vigente desde hace más de tres décadas y libera a los establecimientos de la obligación de informar o solicitar autorización para aumentar los aranceles.
El argumento oficial sostiene que las regulaciones anteriores “dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades económicas del país”. Sin embargo, la decisión se traduce en un alivio para las instituciones y en un nuevo golpe para las familias, especialmente para aquellas que, con esfuerzo, sostienen la educación privada como una alternativa.
Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la medida sólo alcanzará al 6% de los colegios del país —unos 2.000 establecimientos— que no reciben aportes estatales. Aun así, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano a revisar la normativa vigente para los colegios subvencionados, lo que abre la puerta a una posible ampliación del esquema hacia el resto del sistema educativo.
De esta manera, mientras el discurso oficial invoca la “libertad educativa”, la desregulación llega en un contexto de inflación persistente, salarios deprimidos y tarifas en alza. Con el retiro del Estado, el mercado vuelve a fijar las reglas. Los aranceles subirán al ritmo de los costos, pero los ingresos de las familias no.
En nombre de la libertad, el Gobierno consolida un modelo donde el acceso a una educación privada es cada vez más exclusivo.