El Gobierno endurece la ofensiva contra universidades y discapacidad

El Ejecutivo volvió a la carga contra dos frentes sensibles: universidades y discapacidad. La mesa política, reunida en Casa Rosada bajo la conducción de Manuel Adorni y Karina Milei, resolvió enviar al Congreso una nueva versión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, rebautizada como “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. El objetivo es retrotraer la norma que la oposición sancionó el año pasado y que había regularizado pagos a prestadores hasta 2027. La decisión expone la intención de recortar beneficios en un área crítica, bajo el argumento de combatir supuestos abusos.

En paralelo, la administración libertaria presentó un recurso para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, mientras espera que la Corte se pronuncie. Con esta medida, el Gobierno busca ganar tiempo y evitar el pago de 2,5 billones de pesos a las universidades nacionales. Desde el oficialismo advierten que, si la Justicia obliga a cumplir, el ajuste se trasladará a las provincias. La amenaza refuerza la lógica de confrontación y deja en evidencia que el déficit cero se impone incluso a costa de la educación pública.

La respuesta de las universidades no se hizo esperar. FEDUN y FATUN anticipan una gran movilización en mayo. Los gremios denuncian que el Gobierno busca vaciar el sistema y desconocer la Constitución.

En este escenario, la ofensiva oficial contra universidades y discapacidad expone una política que antepone la ideología al bienestar social. El resultado es un rumbo que continúa debilitando los derechos básicos y profundiza la confrontación con los sectores más vulnerables.