El Gobierno frenó la ley universitaria y espera el fallo de la Corte

La disputa por la ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo con la resolución de la Cámara de Apelaciones que suspendió la aplicación de la norma aprobada por el Congreso de la Nación. El tribunal, con las firmas de Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, concedió un recurso extraordinario al gobierno de Javier Milei y dejó sin efecto la cautelar que obligaba a cumplir con la normativa. El caso queda ahora en manos de la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre la vigencia de la ley.

El Ministerio de Capital Humano celebró el fallo y recordó que la norma había sido promulgada en diciembre de 2025 pero quedó sin ejecución por decreto, bajo el argumento de que comprometía el equilibrio de las cuentas públicas. La cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que la suspensión busca garantizar el derecho de enseñar y aprender en un marco de sostenibilidad fiscal y de asignación eficiente de los recursos del Estado.

Reclamos y movilización universitaria

Por su parte, las universidades denuncian que el Gobierno nacional utiliza la vía judicial para dilatar la transferencia de fondos y vaciar el sistema. En este contexto, la Universidad de Buenos Aires convocó a una nueva marcha federal el 12 de mayo junto a gremios docentes y no docentes, reclamando la implementación inmediata de la ley, mejoras salariales y partidas para hospitales universitarios.

Cabe recordar que el Consejo Interuniversitario Nacional había logrado una cautelar que obligaba al Estado a cumplir con la norma. Ante esto, la Cámara resolvió que el pronunciamiento no constituía una “sentencia definitiva” y habilitó al Ejecutivo a llevar el caso al máximo tribunal. La decisión implica que la ejecución de la medida queda suspendida hasta que la Corte se expida de manera definitiva.

Un fallo que extiende espera

La resolución judicial prolonga la tensión entre el Ejecutivo y el sistema académico. Mientras el Gobierno insiste en que la aplicación plena de la ley compromete las cuentas públicas, las universidades sostienen que la falta de financiamiento deteriora la calidad educativa y la investigación.

Ante el anuncio de la medida de fuerza, Capital Humano subrayó que la suspensión se enmarca en la “necesidad de preservar la sostenibilidad fiscal y evitar desequilibrios en las cuentas del Estado”. Sin embargo, los gremios docentes remarcan que el ajuste recae sobre la educación pública y que la falta de recursos afecta directamente la formación de profesionales.

Con este marco, la Corte Suprema deberá definir si la ley se aplica o queda definitivamente bloqueada, mientras las universidades intensifican sus reclamos y la sociedad civil se prepara para una nueva jornada de protesta.

El desenlace marcará el rumbo del sistema universitario y pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para sostener su estrategia de ajuste frente a la presión social y académica. La decisión final no solo impactará en las cuentas públicas, sino en el futuro de la educación superior en el país.