El Gobierno intimó a gremios y piqueteros a pagar por los gastos de las marchas contra Milei

El Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, intimó a sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos que protagonizaron marchas durante los primeros días de mandato de Javier Milei a pagar 96 millones de pesos para cubrir los “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras a mantener el orden público”.

El sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, es una de las entidades notificadas, con un pedido de pago “solidario” de 40 millones de pesos por la protesta del 27 de diciembre frente a Tribunales. A la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras agrupaciones, el Ministerio le reclama 56 millones por una movilización que se desarrolló en el Obelisco, Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Capital Humano, el 22 de diciembre.

Quienes tendrán que hacerse cargo del pago –que según la notificación deberán afrontarlo solidariamente– son “las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular”.

La carta documento que recibió Camioneros enumera en la lista de deudores no solo a ocho gremios, sino también a agrupaciones de iz­quierda, como el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) o el Polo Obrero, y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organización gremial de los movimientos sociales.

La multa se establece por la marcha frente a Tribunales que se realizó el 27 de diciembre, para exigir que la Justicia frene el megadecreto desregulador de Milei.

Llama la atención que la intimación enviada por el Gobierno no cita como fundamento para el cobro ninguna ley u orden judicial, sino dos resoluciones ministeriales de Bullrich: la 943 y la 949, de diciembre pasado. La primera es la que se conoce como “protocolo antipiquetes”. La segunda es la que manda a las fuerzas de seguridad a calcular sus gastos luego de cada protesta. Resta ver cómo hará el Gobierno para obligar el pago de gremios y piqueteros sobre estas dos decisiones administrativas.