El Gobierno profundiza el ajuste en la CNEA

El Gobierno nacional volvió a avanzar sobre el sector nuclear al oficializar una profunda reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La medida llega apenas semanas después de los despidos masivos que desataron protestas en distintos puntos del país y confirma el alcance del ajuste sobre un organismo estratégico para el desarrollo científico y energético. La reforma reduce de 645 a 272 las unidades organizativas, un recorte cercano al 58%.

Un ajuste que vacía el organismo

El nuevo esquema contempla siete gerencias de área dedicadas a energía, investigación de grandes proyectos, aplicaciones médicas, producción de radioisótopos, seguridad nuclear, articulación institucional y administración. Bajo la órbita directa de la Presidencia quedarán la auditoría interna, los asuntos jurídicos y la coordinación general. Además, se fijaron límites para los niveles inferiores: habrá 32 gerencias de segundo nivel, 48 subgerencias, 168 departamentos y solo siete divisiones, muy por debajo de las 283 existentes hasta ahora. Las autoridades disponen de 60 días para presentar la propuesta definitiva.

Advertencias por el futuro del sector

La reorganización se suma a los despidos concretados en julio, cuando el Ejecutivo confirmó 61 cesantías y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que fueron más de un centenar, entre ellas las de técnicos y profesionales con amplia trayectoria en proyectos estratégicos. El conflicto incluyó la toma del edificio central en Buenos Aires y movilizaciones en Bariloche y Ezeiza bajo la consigna "No al vaciamiento, no a la entrega".

El vocero presidencial, Adrián Ravier, celebró la reducción de cargos y defendió la iniciativa como parte de la "modernización" del Estado. Sin embargo, exfuncionarios y especialistas advirtieron que la medida pone en riesgo el desarrollo del reactor CAREM y del RA-10, además de afectar investigaciones vinculadas con la salud y la producción de energía. En paralelo, el Gobierno anunció una inversión privada de 1.200 millones de dólares para desarrollar un reactor modular en Atucha con tecnología creada por el Estado, una decisión que alimentó las críticas por una eventual transferencia de conocimiento público al sector privado.

Aunque la administración nacional sostiene que la reorganización apunta a mejorar la eficiencia y redefinir funciones, los gremios aseguran que forma parte de un proceso de vaciamiento que compromete la soberanía tecnológica. Asimismo, cuestionan la reducción de las áreas de control interno, al considerar que debilita la capacidad institucional del organismo.

El conflicto sigue escalando en uno de los sectores más sensibles para el desarrollo científico argentino. Mientras el Ejecutivo presenta la reforma como una modernización administrativa, trabajadores y especialistas advierten que el ajuste debilita la capacidad del país para sostener proyectos nucleares propios y consolida un modelo que reduce el papel del Estado en un área estratégica para la innovación y la seguridad energética.