El Gobierno volvió a relativizar el terrorismo de Estado
La Casa Rosada difundió un video que reinstala la teoría de los dos demonios y cuestiona las políticas de memoria y justicia.
En el cincuentenario del golpe de Estado de 1976, la Casa Rosada difundió un video institucional de más de una hora que retoma la llamada teoría de los dos demonios. La pieza cuestiona las políticas de memoria, verdad y justicia y propone una “visión integral” del pasado.
En su relato, el Ejecutivo acusa a los gobiernos anteriores de haber desplegado una campaña política con recursos públicos para instalar un relato parcial, mientras asegura que miles de víctimas de la violencia de los años setenta fueron ignoradas. El mensaje incluye testimonios de familiares de víctimas de organizaciones armadas y plantea la necesidad de “dar vuelta la página”.
Sin embargo, al equiparar la violencia estatal con la ejercida por grupos insurgentes, el video reinstala una interpretación que la Justicia descartó en múltiples fallos, al reconocer la existencia de un plan sistemático de represión ilegal. La difusión en una fecha emblemática marca una señal política que busca resignificar el consenso construido en torno a los derechos humanos.
Un relato funcional al poder
Al cumplirse 50 años del último golpe de Estado, el gobierno de Javier Milei insiste en instalar la idea de “memoria completa”. El spot se hace eco de viejos argumentos de los ejecutores del golpe y del slogan macrista de “el curro de los derechos humanos”, al tiempo que acusa a los gobiernos kirchneristas de imponer una visión “sesgada y revanchista” de la historia.
La maniobra más controvertida de este año fue la utilización del testimonio de una nieta restituida que retoma el discurso de sus apropiadores y recomienda “contar la historia verdadera”. También se incluye la versión del hijo de un militar secuestrado en Córdoba, que repite el argumento de la reconciliación, utilizado en los indultos de los años noventa. Ese testimonio cuestiona el número de 30 mil desaparecidos y sostiene que “la gente quiere conocer la verdad”.
Para los organismos de derechos humanos, se trata de un intento de reinstalar los argumentos con que la dictadura justificó el terrorismo de Estado y el modelo económico liberal que benefició a los sectores más ricos y empobreció a las mayorías.
