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Militantes y dirigentes del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) dieron cierre ayer por la mañana a una jornada de marcha que se había iniciado en la tarde de anteayer.
Lo señaló el secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad, a siete años de la tragedia de Iron Mountain. Además, remarcó que hoy el Gobierno acompaña a los familiares de las víctimas.
06/02/2021 - 00:00hs
Gabriel Fuks, secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad de la Nación, indicó tras el acto homenaje por los siete años de la tragedia de Iron Mountain, en diálogo con diario Hoy, que “el ministerio está acompañando, que es lo que no sucedía hasta ahora. Hasta ahora la actitud del Estado era una actitud de boicot a los familiares. De hecho, hubo declaraciones de quien fue en su momento el presidente de la Agencia Gubernamental de Control, diciendo que el incidente sucedió por la impericia de los que estuvieron en el operativo. La ministra Bullrich dijo lo mismo en la primera reunión que tuvo con los familiares, es decir que lo primero que hubo fue un cambio copernicano. Para nosotros hay un trabajo de empatía y acompañamiento, hay que ponernos a disposición y entendemos que, como se ha demostrado, el problema no fue la impericia del operativo, sino que 15 alertas fueron desoídas”.
El funcionario remarcó que, por la idea de no controlar al capital, “se dejó un nicho de corrupción que terminó matando gente en un depósito de 100 años de antigüedad”, y señaló que “se está investigando la cadena de responsabilidades administrativas. Hubo procesados y ahora se están recaratulando esos procesamientos. No se entiende cómo el presidente de la AGC no fue convocado a declarar, o al jefe de Gabinete, que el primer día dijo que todos los papeles estaban en regla, ningún juez lo llamó para que mostrara los papeles. De hecho, el expediente de habilitación de Iron Mountain está perdido desde hace más de siete años”.
En ese marco, Fuks sostuvo que “para mí deberían ser llamados a declarar; no quiero decir con esto que serán procesados, pero claramente la información no es condicente con lo que ellos han dicho, y por lo tanto la Justicia debería llamarlos a declarar”.
“Hay dos situaciones distintas. Una tiene que ver con las responsabilidades administrativas, y otra tiene que ver con quién tiró el fósforo y para qué, esa es la zona más gris, la zona sobre la que hay muchas especulaciones. Algunas parecen tener asidero, pero no han podido ser demostradas”, concluyó el funcionario.