“El Sistema Penal argentino no intimida ni a un grupo de monjas”

El titular de la Fiscalía Nº 6 de La Plata y miembro de la Usina de la Justicia, Marcelo Romero, afirmó que Argentina no cuenta con una política criminal seria

El Sistema Penal argentino es “una joda”, que no intimida ni a un grupo de monjas de un convento rural.

Habrá que asumir que, durante los últimos veinte años, no ha existido una política criminal seria y duradera, que en su lugar se ha instaurado un programa coyuntural, caracterizado por el pendulismo ideológico, espasmódico y esquizofrénico. Un vaivén de posturas y maquillajes que van desde la “mano dura” y la “tolerancia cero” hasta el actual y pretendido “minimalismo penal”. Siempre al compás de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y el calendario electoral.

Hay que reconocer que es un absurdo de grandes proporciones que la fuerza de seguridad federal de fronteras, Gendarmería Nacional Argentina, se dedique a cuidar autopistas urbanas, que la fuerza de seguridad federal de vías navegables, Prefectura Naval Argentina, se aboque a cuidar barrios chic, y que las policías locales hayan sido formadas en seis meses, otorgando en ese plazo a sus flamantes integrantes placa, pistola y autoridad.

Actualmente hay que entender que en la República Argentina se ha invertido el paradigma del Derecho Penal, donde la víctima resulta ser el victimario y el victimario la “víctima de un sistema capitalista neoliberal” que le quitó oportunidades y lo “empujó hacia el delito”, o mejor dicho, hacia el “conflicto”. Esa es la terminología adecuada en estos tiempos agrietados. Que el delito es una creación política-capitalista que le quitó a los particulares la posibilidad de dirimir pacíficamente el conflicto, para que el Estado pueda mantener el negocio de la inseguridad, llenando las cárceles, o “jaulas de exterminio”, de pobres y oprimidos. 

Debemos aceptar que la cuasidoctrina conocida como “abolicionismo penal” ha perturbado severamente el juicio crítico de estudiantes de Derecho, abogados y magistrados judiciales. Se colonizaron masivamente las cátedras de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de nuestras universidades instaurando este “catecismo laico” como obligatorio. Y lo mismo sucedió en Institutos de postgrado, escuelas y consejos de la Magistratura.

Hoy, tal vez aceptando estas realidades, no sean necesarias tantas reformas ni erogaciones millonarias para dar una respuesta adecuada a los problemas que acarrean el crimen y el criminal.

Seguramente, los “gurúes del penalismo vernáculo”, hoy adorados, intentarán convencer a sus decenas de miles de seguidores de que constituyen una generación de abogados privilegiada. muy alejada del “vulgo” (nosotros, los “dinosaurios”, los “vetustos”, los “fachos”), que no conoce ni entiende nada.