Crecen las denuncias por la privatización de la Hidrovía

La adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT), ex Hidrovía, al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus finalmente fue concretada. La resolución firmada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) transfiere por 25 años la operación, mantenimiento, dragado, señalización y modernización del corredor por el que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

Al dar a conocer la noticia, el Ministerio de Economía de la Nación presentó el cierre del proceso licitatorio como un “éxito”, ya que no se presentaron impugnaciones por parte de las empresas participantes. Además, el Gobierno indicó que la firma del contrato, prevista para un plazo máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos. A su vez, señaló que el Estado conservará el rol de autoridad de control, aunque sin intervención directa en la gestión.

Serias denuncias

Lo que no mencionó la gestión libertaria fueron las denuncias de irregularidades en la licitación. Un documento reservado elaborado por especialistas internacionales advirtió sobre posibles irregularidades en el pliego, entre ellas un presunto direccionamiento a favor del consorcio ganador, conflictos de interés dentro del comité evaluador, una tarifa mínima de peaje que habría condicionado las ofertas (impulsando un empate entre los valores, algo nunca visto) y sospechas de costos inflados en el esquema de dragado y balizamiento que serán cedidos al tándem Elías-Ondarcuhu.

Entre los puntos más sensibles, el informe señaló que el sistema de evaluación habría favorecido a Jan de Nul-Servimagnus frente a otros competidores, mientras que también cuestionó el costo de u$s10 millones exigido para presentar impugnaciones contra el Comote Evaluador que tenía a uno de sus integrantes en un doble rol que favoreció a Jan de Nul y su puntuación en este proceso. Además, apuntó contra la fórmula del “precio mínimo”, al considerar que pudo haber limitado la competencia real y derivar en un contrato con sobrecostos durante la concesión. Incluso, la empresa belga DEME, que llegó a la etapa final del proceso licitatorio, apuntó sobre este punto en una carta dirigida a Luis Caputo.