Escándalo en PAMI por fraude en servicios oftalmológicos

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) quedó en el centro de un escándalo tras la difusión de una auditoría que reveló una red sistemática de fraude en prestaciones oftalmológicas y ópticas. El relevamiento expuso patrones de sobrefacturación, recetas apócrifas, prestaciones fantasmas y cobros indebidos que afectan directamente a jubilados en distintas provincias.

Los auditores detectaron maniobras que consistían en recetar lentes de baja graduación y facturar módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. Un módulo real tiene un valor de 4941 pesos, mientras que los módulos facturados llegaron a 27.204. A esto se sumaron consultas y estudios nunca realizados, con órdenes médicas sin respaldo clínico que alcanzaron hasta el 50% de los casos analizados.

En Santiago del Estero se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de 10,4 millones de pesos, donde además se constató un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica. En Entre Ríos, los auditores describieron la situación como “facturación sin sustento médico real”, tras hallar 613 recetas emitidas sin dioptrías. En La Rioja y Buenos Aires también se repitieron patrones similares.

Modalidades del fraude

El esquema incluyó circuitos cerrados con conflictos de interés y cobros indebidos a jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Se detectaron casos en los que se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes, llegando a pagos de hasta 1500 dólares por anteojos que debían estar cubiertos. En Rafaela, Santa Fe, se pidió juicio oral para un médico y una farmacéutica acusados de confeccionar 636 prescripciones apócrifas, constatadas al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas.

La auditoría se enmarca en un proceso más amplio de investigación sobre el sistema de Órdenes Médicas Electrónicas, que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas.

El escándalo expone la fragilidad del sistema de control del organismo, y deja en evidencia la urgencia de reforzar la transparencia en la administración de recursos destinados a los jubilados y jubiladas.