Cuando desde Nación y Provincia festejaban el fallo que autorizó la exploración sísmica, organizaciones ambientalistas reclamaron su nulidad por “inconstitucionalidad”. Un nuevo round para una pelea sin fin.
La exploración costa afuera es uno de los espacios menos visitados respecto de la búsqueda de crudo en el territorio nacional, pese a que permitiría ampliar el horizonte de reservas de gas y petróleo.
El país posee una extensa plataforma submarina debajo del Mar Argentino, contando con un gran potencial de recursos hidrocarburíferos. Por ese motivo el Gobierno nacional lanzó la licitación más grande de los últimos 30 años, lo que significa una oportunidad única para la llegada de inversiones.
Desde la Secretaría de Energía de la Nación indicaron que el objetivo es que el proyecto de explotación petrolera frente a las costas de Mar del Plata comience “en marzo del 2023” teniendo a “YPF con Equinor ejecutando el pozo exploratorio Argerich”.
Bajo estas condiciones y según la visión del secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo, “Mar del Plata podría convertirse en un Vaca Muerta 2”.
El sindicalista estimó que en septiembre se harán los análisis 3D del pozo ubicado a 300 kilómetros de las costas de la ciudad costera, en la cuenca norte del Mar Argentino. “Nuestra intención como sindicato es poder facilitar trabajadores experimentados de la cuenca austral para capacitar. Mar del Plata es zona de actuación de nuestro sindicato y vamos a ratificar con mayor presencia”, señaló Matarazzo, pensando en “preparar a futuro a los compañeros”.
Las declaraciones se dieron tras el aval de la Justicia y por ello Matarazzo indicó que “en dos o tres años debería empezar la producción y en cinco años tendríamos saldos exportables muy grandes”.
Como ya se indicó en diario Hoy, en junio la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata decidió avalar la continuidad de la exploración petrolera y dejó sin efecto la medida cautelar que en febrero había dictado el juez Santiago Martín.
Además, los jueces del Tribunal pidieron una segunda declaración de impacto ambiental en lo concerniente al Pozo Argerich, que se encuentra a algo más de 300 kilómetros de las costas marplatenses.
“Consideramos que, en conjunto, estas iniciativas consiguen abrir una ventana histórica hacia la emancipación económica de la Argentina. Por eso respaldamos su plena simultaneidad en el proyecto de país que buscamos como trabajadores y representantes de trabajadores”, expresó Matarazzo, que incluyó en sus pretensiones la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner en Bahía Blanca.
Pero la exploración petrolera en aguas de La Feliz tiene sus detractores y desde la ONG Greenpeace marcaron que “la nueva resolución del Ministerio de Ambiente es inconstitucional y debe ser anulada”.
La organización ambientalista se manifestó ante la Resolución 7/2022 publicada por la cartera de Ambiente nacional, donde se aprueba la nueva Evaluación de Impacto Ambiental presentada por la empresa noruega Equinor para avanzar con sus proyectos offshore en el Mar Argentino.
Los argumentos de Greenpeace para pedir la anulación se basan en que, según indican, no se cumple con los preceptos del Acuerdo de Escazú (el primer tratado de derecho ambiental de América Latina y el Caribe, al cual la Argentina adhirió por ley).
Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de la ONG, sostuvo que “esta nueva presentación del Ministerio es un atropello a los derechos de la ciudadanía, y exigimos su nulidad por ser inconstitucional, al no cumplir con los preceptos constitucionales del Acuerdo de Escazú, de acceso a la información, participación pública y transparencia”.
“La expansión de la extracción y producción de combustibles fósiles afecta al ambiente, agrava la crisis climática y representa una amenaza a los derechos humanos y los de las generaciones futuras. La protesta pública continuará y, desde Greenpeace, seguiremos trabajando para que se respeten los derechos de la ciudadanía. Agotaremos todas las instancias hasta lograr el no definitivo a la exploración sísmica y a la explotación petrolera en nuestro mar”, agregó la ambientalista.
Desde el Ministerio instan a la empresa de capitales noruegos a articular con la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, lo que da cuenta que existe una correlación entre la exploración sísmica y los varamientos de mamíferos marinos.
La Justicia ya dio el aval para avanzar con la exploración, pero sectores ambientalistas piden “un round más” con la declaración de inconstitucionalidad.
De concretarse los trabajos de extracción en aguas marplatenses, los beneficios no solo llegarían a los habitantes de General Pueyrredón (que parecen no querer que esto suceda), quienes podrían en el corto plazo ver una transformación similar a la que sucedió en Macau, Brasil.
Pero más allá de los cambios a nivel económico que podrían gestarse a nivel local, que transformarían la ciudad dejando su dependencia del turismo de lado, en calle 6 y en calle Balcarce tienen una visión más amplia.
En la provincia de Buenos Aires el interés está centrado en la extracción misma, más allá de lo que pueda generar. Una sola gota de crudo le daría al gobernador la potestad de ser parte del grupo de provincias extractoras (al que exige entrar ya que Buenos Aires destila el 80% del petróleo nacional) y formar parte del millonario negocio de Vaca Muerta.
En Nación por otra parte, consideran los dólares que la exportación de crudo y gas podría aportar a una castigada economía.
En este marco, habrá que ver si el pedido de anulación por inconstitucionalidad impulsado por Greenpeace avanza y continúa dilatando una situación que hoy parece estar lejos de tener una definición.