Tras la votación en el Senado, Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria. Según Presidencia, a diferencia de los $100.000 millones destinados a la Secretaría de Inteligencia, esta medida generaba “gastos exorbitantes”.
24/08/2024 - 00:00hs
Luego de una nueva derrota para el Gobierno, se conoció que el presidente Javier Milei vetó el proyecto de ley aprobado el jueves, que establecía un incremento del 8,1% en los haberes jubilatorios para 2024, con un ajuste adicional del 50% en marzo, basado en el índice de variación salarial. Desde la Oficina del Presidente, Milei calificó la ley como un intento de “destruir el programa económico del Gobierno”.
El comunicado presidencial argumentó que la ley es “ilegal e inconstitucional”, y que implicaría un gasto adicional del 1,2% del PIB, lo que podría forzar al Gobierno a recurrir a la emisión monetaria, al aumento de impuestos o al endeudamiento. Milei sostuvo que esto representaría una carga futura para los jóvenes argentinos y que el gasto se dispararía sin la correspondiente partida presupuestaria.
Esta fundamentación resultó llamativa, o al menos incongruente, considerando que el pasado 22 de julio se reveló que el Presidente había asignado $100.000 millones adicionales en fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este gasto, confirmado por el Boletín Oficial, fue presentado por el Gobierno como una “prioridad” y defendido por todos los funcionarios libertarios. En contraste, el aumento a los jubilados, quienes en gran parte no llegan a cubrir la canasta básica, fue calificado desde el Ejecutivo Nacional como un “acto de populismo demagógico” y la ley fue tachada de “irresponsable”.