Gobernadores rechazan la reforma en Salud Mental de Milei

Los gobiernos de 18 provincias expresaron su rechazo a las modificaciones a la Ley de Salud Mental que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Congreso. El pronunciamiento se conoció en la antesala de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde se espera la presentación formal de la iniciativa por parte del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

La postura crítica fue articulada durante el reciente Congreso Provincial de Salud (Cosapro), realizado en Mar del Plata el pasado fin de semana. Allí, casi todas las autoridades sanitarias de los Ejecutivos provinciales coincidieron en advertir que los cambios planteados por Nación podrían significar un retroceso en materia de derechos y en la capacidad de respuesta estatal frente a una problemática creciente.

En tanto, el encuentro tuvo lugar en un contexto marcado por el aumento sostenido de la demanda en salud mental. Según datos oficiales, durante el último año las internaciones vinculadas a esta área crecieron un 77%, mientras que la atención ambulatoria registró una suba del 134%. Estas cifras que encendieron alarmas entre los funcionarios provinciales, que además señalaron una “profunda preocupación” por el incremento de situaciones vinculadas al suicidio.

En ese marco, las provincias emitieron un documento conjunto en el que manifestaron su “enérgico rechazo” al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental. Según expresaron, la iniciativa nacional “implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”.

Al mismo tiempo, cuestionaron que la reforma avance sin un ámbito federal de discusión específico y reclamaron la “urgente necesidad de reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama)”, organismo destinado a coordinar políticas públicas entre Nación y las provincias. A su entender, cualquier modificación de fondo sobre la legislación vigente debería debatirse en ese espacio institucional y no en el Congreso, como propone Milei.