Gobierno pidió ser querellante en la causa por enriquecimiento ilícito de Echegaray

Luego de que se ordenara la citación al empresario Lázaro Báez para declarar como testigo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Echegaray, el juez Torres recibió hoy un pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) para intervenir en la causa en carácter de querellante. 

El organismo que dirige Laura Alonso suma así un nuevo pedido en la semana, luego de que ayer concretara una solicitud similar en la causa Hotesur, que investiga el presunto lavado de dinero en la red hotelera de la familia Kirchner en El Calafate.

"El objeto procesal está fijado en investigar si durante el ejercicio de la función pública el Sr. Ricardo Daniel Echegaray se habría enriquecido ilícitamente y la posibilidad de haber percibido una doble remuneración por el desempeño de cargos públicos", detalló la OA en el escrito.

A su vez, sostuvo que existe información que refiere a un "supuesto aumento de su patrimonio que se habría multiplicado 28 veces en una década o de un 8.100% o pasar de un año a otro de casi 2,9 millones de pesos a más de cuatro o tener períodos en los que su patrimonio se incrementó un 129%".

En un comunicado, la dependencia indicó que acompañó su presentación con "información novedosa" aportada por un denunciante de Santa Rosa, La Pampa, a la Oficina Anticorrupción a través de un mail a la casilla [email protected], en febrero. "A través de esa comunicación hizo saber a esta Oficina que contaba con información respecto de un campo en la provincia mencionada, propiedad de la firma Hacienda Argentina SA, vinculada a Ricardo Echegaray, y supuestamente administrado por quien identifica en un principio como la cuñada del nombrado". En otra comunicación con la OA, el denunciante mencionó a Mariana Paula Guerra como la administradora del campo Las Marías, una persona que "puede estar ligada a Ricardo Echegaray", precisó.

En la petición, Alonso requirió al juez intervenir en el peritaje contable que se está realizando en la causa con un perito de parte, al tiempo que solicitó que se pida colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que realice un informe sobre todas las personas investigadas.