Las negociaciones entre los legisladores avanzan con distintas posturas. Las claves del proyecto presentado por el oficialismo para modificar la legislación actual, que no fue lo suficientemente efectiva.
30/03/2022 - 00:00hs
El diputado del Frente de Todos y vicepresidente segundo de la Cámara baja, José Luis Gioja, anunció la presentación de un proyecto para modificar la Ley 27.551 sancionada en junio de 2020, lo cual ya trajo posiciones entre legisladores y representantes del sector inmobiliario.
“Tenemos el fuerte compromiso de facilitar el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos”, había expresado el diputado en sus redes sociales al momento de la presentación.
Los cambios
“Esta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación”, sostuvo Gioja, quien, en el proyecto que ya está presentado en Congreso, detalló los siguientes cambios.
En principio, se fijan topes: para el precio inicial de renovación de contrato de alquiler, de un 10%; y para el precio inicial de nuevo contrato, un 20%. Por otro lado, el proyecto propone que las personas que otorguen los seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros monotributistas y que a su vez, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses. Tampoco podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia. En beneficio de los locadores, las sumas que ellos facturen en conceptos de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para los pequeños contribuyentes.
El proyecto también contempla el diseño de plan de vivienda a través del Consejo Federal de Vivienda que comprenda la construcción de inmuebles en centros urbanos; la construcción y adquisición de estos para la gestión pública de alquileres sociales; y la conformación de un sistema de gestión pública de alquileres sociales, paralelo al mercado privado.
Un punto que generó controversia entre los representantes del sector fue el proyecto de Ley de Impuesto a la vivienda ociosa. Según explica el texto presentado por el oficialismo, este tipo de arancel “debería implementarse a nivel local, tanto por las facultades tributarias como por la fiscalización”.
Con respecto a esta última propuesta, y tal como lo publicó diario Hoy en su edición de domingo, desde el Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires aseguraron que la misma “permitirá tener una mayor oferta de inmuebles para alquiler y hará que los valores del mercado desciendan”.
Sin embargo, el Colegio de Martilleros del Departamento Judicial de Mar del Plata -en representación del sector turístico-, se pronunció en contra de esta medida y expresó que “con ese razonamiento, debería haber un impuesto a los inmuebles de puntos turísticos que se alquilan mayormente en temporada”.
Los fundamentos
En el documento presentado por el exgobernador de San Juan se sostiene que las modificaciones se proponen para “ponerse del lado de los inquilinos” que son los que “merecen más protección” en esta contienda.
“El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que, lamentablemente, la ciudadanía no goza plena ni equitativamente”, expresa el texto y destaca la necesidad de seguir regulando el mercado inmobiliario para que no perjudique a los inquilinos, que no solo siguen creciendo sino que tienen que destinar un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos para continuar alquilando.
Las diferencias
Este diario dialogó con la diputada nacional Karina Banfi, quien expresó que la presentación del oficialismo “no resuelve el problema de base y genera más dificultades”.
“No vamos a acompañar aumentos de impuestos ni creación de impuestos nuevos, menos sobre la propiedad. Buscamos derogar la Ley de Alquileres para dar una señal clara al mercado”, expresó la legisladora perteneciente al radicalismo, haciendo eco de la postura del bloque Juntos.
La oposición propuso realizar una sesión extraordinaria, para los primeros días de abril, y allí discutir una nueva regulación.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa propuso formar una comisión por resolución para crear un nuevo proyecto en 90 días, lo cual debería discutirse en el recinto. Las negociaciones continúan para modificar esta Ley que, según afirman desde la mayoría de los sectores, no fue 100% efectiva.
La postura de los inquilinos
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos difundió un comunicado que tuvo cientos de adhesiones por parte de legisladores, organizaciones sociales, gremios, universidades, entre otras.
“Hemos puesto sobre la mesa una discusión fundamental para que sea más justo y digno alquilar vivienda en la Argentina. Frente a la actitud mafiosa del mercado inmobiliario vamos a redoblar esfuerzos para que se cumpla la Ley y se regule el precio de los alquileres”, expresa el documento.
“Las organizaciones de inquilinos de todo el país seguiremos peleando para regular el precio, para defender la Ley y para lograr alquilar vivienda de forma digna y justa”, expresaron desde el organismo, el cual se posicionó a favor de las modificaciones propuestas por el oficialismo.
Por otro lado, denunciaron al mercado especulativo, “que ni aún en pandemia renuncia a sus abusos y arbitrariedades siendo los grandes responsables de la crisis habitacional en la Argentina”.
En conclusión, los representantes de los inquilinos propusieron un debate “más integral” respecto al acceso a la vivienda “que salga de su lógica estrictamente mercantil y comience a discutirse en términos de un derecho que debe ser garantizado frente a la lógica meritocrática que impone el mercado inmobiliario”.