Insensibilidad: la verdadera cara de Larreta

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunció ayer un endurecimiento en las condiciones impuestas a los estudiantes menores de edad para ser considerados como “alumnos regulares”, una exigencia directamente ligada al pago de determinados subsidios para hogares en situación de pobreza e indigencia previstos en el programa social Ciudadanía Porteña.

Cabe señalar que ese programa establece el pago de un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado, el que será dado de baja en el caso de que se detecten irregularidades o infracciones relacionadas con el nuevo ordenamiento.

“Para ser un alumno regular, los estudiantes deberán asistir en cada bimestre un mínimo del 85% de los días efectivos de clases durante el ciclo lectivo, según las fechas establecidas en la agenda educativa. Asimismo, no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año”, señala la información oficial, que no aclara a cuánto dinero equivale ese “monto adicional” que pueden perder las familias cuyos hijos dejen de ser considerados “alumnos regulares”.

El gobierno de CABA controlará cada dos meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben la ayuda social correspondiente al programa Ciudadanía Porteña y, en función de eso, determinará si esas familias continuarán recibiendo el 100% de la ayuda social o si le restarán el monto que perciben dentro de ese beneficio en concepto de “adicional por hijo”.

La estigmatización como una constante en el PRO

Funcionarios, dirigentes y legisladores criticaron la decisión de Larreta de quitar la ayuda social a los beneficiarios del programa de ayuda social si sus hijos e hijas pierden la regularidad escolar, al considerar que se trata de una medida “estigmatizante, electoralista y punitiva” destinada a “generar un efecto” en la opinión pública.

“A los chicos que no van a la escuela en vez de estigmatizarlos tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo”, planteó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, a través de su cuenta de Twitter. También dijo que la medida “estigmatiza” y “castiga” a las “familias vulnerables”, y señaló: “No importa quiénes ni cómo sean sus padres, queremos a los niños y adolescentes en la escuela. Todos tenemos derecho a ser mejores que nuestros padres, a tener más herramientas y oportunidades, y en este caso estos chicos y chicas también”.

Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, afirmó que “si sabemos que un chico no va a la escuela, tenemos que invitarlo, abrazarlo y decirle que en la escuela tiene su lugar. Que le queremos enseñar y que lo vamos a querer”.

El titular de la cartera educativa pidió no “mezclar” a los ni­ños en esta polémica porque “los chicos no tienen un plan, sino que hay adultos que no cumplen su responsabilidad con los chicos. Si el padre no cumple, la responsabilidad es del padre”.

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que la variable de la asistencia escolar “no puede ser usada como un castigo, una doble estigmatización y una herramienta fiscal para bajar la ayuda”.

“Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud, y no que la castigue por no hacerlo”, aseveró en una serie de mensajes que publicó en Twitter.