Finaliza la primera visita del FMI al país
Analizaron las cuentas públicas, las demandas del sector privado y el dañado entramado social tras varios años de caída de la actividad económica.
Se trata de la investigación por contrataciones millonarias en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La causa había sido archivada en base a la instrucción realizada por el fallecido juez federal Claudio Bonadio.
12/10/2020 - 00:00hs
Siguen destapándose causas de corrupción durante la gestión del gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri. Hubo muchos intentos de que las mismas no salgan a la luz, como en este caso del INTI, que tuvo como protagonista al fallecido juez Claudio Bonadio, uno de los grandes impulsores del armado de causas contra la oposición en aquellos años.
La Justicia Federal reabrió una investigación sobre contrataciones en uno de los organismos más señalados durante la gestión de Cambiemos: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El archivo de la causa se había basado en la instrucción del juez Claudio Bonadio y pudo ser reabierto por su sucesor en la investigación, Marcelo Martínez de Giorgi, tras la apelación de la fiscal Alejandra Mángano y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La investigación se centra en las contrataciones de nueve personas y trece empresas para construcción de edificios, espectáculos, publicidad, cajas navideñas, seguridad privada y obras de arte por millones de pesos.
La causa había sido archivada por “inexistencia de delito” en base a la instrucción que realizó el polémico juez Bonadio entre 2018 y fines de 2019. Tras la muerte del magistrado en febrero pasado, el juez Martínez de Giorgi se hizo cargo del juzgado como subrogante.
La fiscalía de Mángano y la PIA habían pedido con anterioridad analizar documentación faltante en la causa; determinar si las empresas, contratadas en muchos casos de forma directa con el argumento de la “urgencia”, tenían capacidad e idoneidad para ser proveedoras del Estado; y si estaban o no relacionadas con los entonces funcionarios.
Los fiscales también habían solicitado en su momento a Bonadio investigar si las obras y servicios se habían concretado o completado. Además, pidieron analizar las actuaciones de los funcionarios que activaron y aprobaron esas contrataciones, quienes en varios casos, de acuerdo al expediente, no contemplaron otras ofertas e invitaron directamente a las empresas a cotizar, y luego las contrataron.
Ante toda esta situación, la fiscal Mángano junto con el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó al juez Martínez de Giorgi que revoque la decisión de archivar el expediente, que, de acuerdo al escrito presentado, fue “prematura” y dejaba varios puntos claves sin investigar.
Tras la apelación, el juez, además de revocar el archivo, delegó la investigación en la fiscalía. Según la apelación, la causa estaba a medio camino: no se recolectaron pruebas específicas sobre los contratos, solo se analizaron 6 de los 16 expedientes denunciados, y sospechosamente Bonadio no había ordenado varias de las medidas solicitadas.