Jujuy es la tierra de la persecución

Por estas horas, la provincia de Jujuy está en el centro de todas las miradas por la realización, en ese distrito norteño, de la reunión del Parlamento del Norte Grande, que se desarrolló entre anteayer y ayer. Pero ese está lejos de ser el único motivo por el que la tierra que gobierna el radical Gerardo Morales capta la atención. Hace apenas tres días se produjo allí una masiva movilización de protesta por la persecución a organizaciones sociales.

Ocurre que hace pocos días un militante y periodista del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fue secuestrado, maniatado, encapuchado y retenido en una habitación oscura por un grupo de personas que se identificaron como policías. El militante, cuyo nombre no se reveló pero que responde a las iniciales B R, solo fue liberado después de 12 horas.

Para el MTE, el episodio está lejos de ser un hecho aislado. “Este episodio sucede en medio de un contexto provincial de criminalización a organizaciones sociales y frente a la avanzada de sectores del poder provincial por armado de causas con la excusa de ser asociaciones ilícitas”, denunció el movimiento en un comunicado emitido tras el secuestro de B R, titulado “Queremos paz democrática en Jujuy”.

Milagro Sala, el caso testigo

El caso más conocido de esta operatoria judicial es, por supuesto, el de Milagro Sala, la militante social, líder de la organización Túpac Amaru, que permanece detenida desde hace seis años y medio, sujeta a varios cargos, que son ampliamente considerados una forma de persecución política o lawfare por parte del gobierno de Morales. Basado en un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró “arbitraria” su detención y afirmó que hay “un contexto de vulneración de la independencia judicial” cuyo objetivo es “sostener la privación de libertad de Sala de manera indefinida”.

Sin embargo, hay un caso mucho más reciente, del mes pasado: el 6 de julio hubo una serie de allanamientos en sedes de organizaciones sociales de la provincia, en una ofensiva judicial que se inició con la formación de “grupos de trabajo” de la Policía jujeña para infiltrarse en las filas de dichas organizaciones. La similitud del término con los “grupos de tareas” de la dictadura cívico-militar que se extendió de 1976 a 1983 difícilmente sea una coincidencia.

El secuestro de B R se inscribe en la misma lógica persecutoria que los movimientos sociales y un amplio sector de la política vienen achacándole al gobierno de Morales, con el caso de Sala como principal bandera.

“En Jujuy se vulneran los derechos humanos y no se garantiza la seguridad de sus habitantes. Como venimos advirtiendo, en nuestra provincia se vive por estos días una serie de episodios que nos remontan a las épocas más oscuras de la dictadura militar. Detenciones arbitrarias, allanamientos a domicilios particulares/centros comunitarios y secuestros de personas”, advierte el texto del MTE.

“Permanente hostigamiento”

A fines de junio, el abogado Luis Paz, que representa a Milagro Sala, dijo a diario Hoy (medio con el que habló en exclusiva) que la dirigente sufre un “hostigamiento” por parte del gobierno jujeño. Por esos días Sala permanecía internada en un sanatorio de la capital provincial. Para Paz, era el producto de esta persecución.

“La situación de salud de Milagro tiene absoluta conexión con lo que pasa a nivel judicial. Desde principio de este año venimos lidiando ando contra el Ministerio Público de la Acusación que expresó públicamente su intención de que Milagro Sala vuelva a la cárcel”, dijo Paz en esa oportunidad y añadió: “Nosotros no podemos no atar esta situación física a la cuestión psicológica que está pasando Milagro por el permanente hostigamiento que recibe de parte del gobernador Gerardo Morales”.

El jueves de la semana pasada, dirigentes sociales, abogados y referentes de derechos humanos presentaron en la Cámara de Diputados un informe sobre las violaciones a estos derechos fundamentales que se vienen cometiendo en la provincia norteña. Se enumeran en ese trabajo “las más variadas violaciones a los DD. HH.: violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna”, y se incluyen testimonios de víctimas de estos vejámenes, además de extractos de expedientes judiciales.

El informe menciona específicamente el uso de la represión por parte del gobierno provincial para mantener una “paz social” (en palabras de Morales) que facilite las inversiones en la extracción de litio. “Lo que se busca es garantizar el saqueo, el despojo y la dominación geopolítica”, subraya el texto; esos elementos “explican por qué Jujuy es el laboratorio de la represión, por qué hay un señor que asumió la suma del poder público de manera totalmente impune”.

Jujuy es la sede del encuentro del que participaron los vicegobernadores del Norte Grande. También es la provincia donde Milagro Sala permanece detenida desde hace más de seis años, y donde las organizaciones sociales sufren una persecución policial y judicial constante. El gobernador Gerardo Morales, que quiere ser presidente, oye las advertencias de entidades de derechos humanos y las protestas de los movimientos sociales, pero hasta ahora no les ha hecho caso.