Cafiero y Kulfas se reunieron con 50 pymes en el marco del Plan de Exportaciones 2022
Acordaron avanzar en el diseño de herramientas y programas que incrementen la oferta de productos de alto valor agregado.
Se trata de la declaración del estado de emergencia por dos años para las compañías recuperadas y administradas por cooperativas de trabajadores. Esa medida impediría los desalojos judiciales y los cortes de servicios públicos.
24/11/2021 - 00:00hs
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió ayer a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar el estado de emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas por sus trabajadores, en consideración a la crisis económica de los últimos años.
Lo que busca la iniciativa oficial es darles un respiro a estas empresas, administradas por cooperativas de trabajadores, impidiendo los desalojos judiciales y el remate de sus bienes por el período de la emergencia, así como también el corte de servicios públicos como electricidad, agua y gas, por retraso en los pagos.
De aprobarse el proyecto, que entró ayer a la Cámara de Diputados provincial, se suspenderían por dos años las ejecuciones de sentencias de desalojo y los cortes de estos servicios.
“La crisis económica del país en los últimos años ha afectado con gravedad a los sectores productivos en general y a las empresas recuperadas en particular”, se consigna en los considerandos del texto. “Mientras el Poder Ejecutivo aborda junto a los propios actores las medidas estratégicas más eficientes para este sector, resulta prioritario que en el contexto actual se ejecuten resortes urgentes de asistencia y sostenimiento de esta experiencia, que resulta pieza indiscutida de la industria argentina y genera puntos de trabajo genuino en nuestro país”.
En otro tramo se afirma que “la declaración de emergencia para el sector pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer a la asistencia y el trato diferencial que requiere”.
En sus siete artículos, el proyecto establece el plazo de dos años para la emergencia, con la posibilidad de prorrogarlo en caso de que fuera necesario, y se declara “de interés provincial” el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, para que sigan funcionando en forma cooperativa.
Además de suspender la ejecución de desalojos y remates judiciales, el texto dispone que las compañías prestadoras de servicios públicos deben ofrecer a estas empresas recuperadas un plan de facilidades de pago para que puedan ponerse al día.
En la difícil situación que atraviesan las empresas recuperadas pesa, como en todo el resto del sector productivo y comercial, el efecto de la pandemia de Covid-19, la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Fuentes del gobierno bonaerense dijeron ayer que es probable que el país sufra una nueva ola de esta pandemia en 2022.
Para paliar sus efectos, tanto el Gobierno nacional como el provincial y los distintos municipios fueron disponiendo a lo largo de los meses una serie de medidas de asistencia, como la exención de impuestos y tasas, el otorgamiento de créditos y la declaración de emergencia para distintos sectores productivos.