La Cámara Federal analizará la apelación de Capital Humano contra el fallo que ordenó entregar alimentos
La orden judicial exigía un cronograma para distribuir 5 millones de kilos de alimentos que no fueron entregados a pesar de la dura situación económica. El Ministerio argumenta que la distribución “es una función política, no judicial”.
La apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, será evaluada por la Cámara Federal en el marco de la orden judicial que le exige presentar a la cartera un cronograma para distribuir 5 millones de kilos de alimentos adquiridos durante la administración de Alberto Fernández.
La orden original fue emitida por el juez Sebastián Casanello, quien respondió a la denuncia impulsada por el dirigente social Juan Grabois en febrero. Grabois había denunciado la suspensión en la entrega de alimentos a comedores comunitarios en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y había señalado que grandes cantidades de alimentos están almacenados sin distribuir en Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán.
En su defensa, el Gobierno admitió la situación a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, y el Ministerio de Capital Humano, justificando la suspensión debido a irregularidades en la distribución de alimentos detectadas en la gestión anterior. La fiscal Paloma Ochoa pidió una “medida innovativa” para ordenar la entrega inmediata de los alimentos, pero el juez Casanello optó por instar al Gobierno a presentar un plan detallado de distribución en 72 horas, subrayando que los beneficiarios directos “son las personas vulnerables que necesitan los alimentos”.
La cartera conducida por Pettovello apeló la decisión argumentando que la distribución de alimentos es una función política y no judicial y afirmó que decidir sobre la distribución “corresponde exclusivamente al ministerio”, en función de las leyes y convenios vigentes. Además, acusó al juez de exceder su competencia y de tomar decisiones “arbitrarias” al intervenir en una cuestión que consideran de gestión administrativa.
En tanto, la Cámara Federal, específicamente los jueces de la Sala II, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, serán quienes decidirán si mantienen o revocan la medida cautelar ordenada por Casanello. La resolución de esta apelación definirá cómo procederá el Gobierno en la distribución de los alimentos y si deberá ajustarse a las directrices judiciales para garantizar que los productos almacenados lleguen a quienes más lo necesitan, en un contexto donde la necesidad alimentaria de sectores vulnerables permanece crítica.
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