La Corte tomó medidas por la denuncia de “malversación” en la Obra Social del Poder Judicial

La Corte Suprema decidió por unanimidad traspasar el control de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a la Secretaría General de Administración del alto tribunal, luego del allanamiento realizado ayer para investigar una presunta malversación de fondos en la entidad.

Así, la Corte le quitó el manejo de la obra social a su presidente, Aldo Tonón, en tanto que instruyen la investigación la jueza María Eugenia Capuchetti con la asistencia del fiscal Carlos Rívolo.

El allanamiento a la sede tuvo por objetivo “obtener toda aquella documentación que permita identificar todos los equipos de telefonía móvil que fueron adquiridos para el personal de la obra social”, señalaron fuentes cercanas a la investigación.

La Justicia también buscó “información de todas las licitaciones o actuaciones administrativas relacionadas a la adquisición de esos equipos, como así también de aquellas disposiciones, resoluciones o actos que hayan sido ordenados por la obra social en relación al uso o adquisición de dichos teléfonos”.

Se trató de una orden para recabar información en el marco de un expediente que la jueza Capuchetti, interinamente a cargo del Juzgado Federal 6, delegó en el fiscal Carlos Rívolo, quien lleva adelante la investigación por supuesta malversación de fondos durante la gestión de Tonón.