La policía política de Mauricio Macri

Se produjo un nuevo capítulo en la investigación sobre el espionaje ilegal llevado a cabo durante el gobierno de Cambiemos, un verdadero plan sistemático que en el diario Hoy se ha ido desenmascarando paso a paso.

Se trata del procesamiento de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos, en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria en 2018.

Como se ha contado en estas páginas, dichas actividades a nivel nacional dependían, en el ámbito estatal, de la AFI con Arribas y Majdalani a la cabeza, los ya tristemente famosos “Señor Cinco” y “Señora Ocho”, con la ayuda de personajes como Alan Ruiz, el jefe de Operaciones Especiales de ese momento.

Además, en la provincia de Buenos Aires, la misma situación se replicaba en el gobierno de María Eugenia Vidal, quien mientras gozaba del apoyo y la complicidad de los grandes medios para mantener su imagen, ordenaba también espiar a dirigentes de todos los ámbitos a través de algunas dependencias del Ministerio de Seguridad, con Cristian Ritondo a la cabeza.

La decisión del juez Auge

La medida fue adoptada este miércoles por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, quien además trabó embargos sobre sus bienes por $2 millones a cada exjefe de la AFI y les prohibió la salida del país.

En la misma resolución, el magistrado también procesó al exjefe de Contrainteligencia del organismo, Martín Coste, a quien también le prohibió la salida del país y le fijó un embargo sobre sus bienes de $700.000.

El juez sostuvo que en lo que va de la investigación se pudo acreditar que “al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018” el director general de la AFI, Arribas, y la subdirectora Majdalani “impartieron órdenes” al procesado exjefe de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, para que coordine “un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal”.

Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido “en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidaria, social, sindical y/o cultural”.

Por su parte, Martín Coste, quien asumió como director de Contrainteligencia en junio de 2018, “conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas”, sostuvo el juez en su resolución.

Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes en su dictamen habían señalado que el espionaje ilegal tenía por objetivo “detectar el traslado de bolsos, dinero, cosas y fotografiar a quiénes ingresaban y salían” del domicilio de Fernández de Kirchner o al Instituto Patria, algo de lo que no dieron cuenta.

Modus operandi

La actividad que los espías debían llevar adelante era vigilar los perímetros de ambos domicilios ante supuestas amenazas de atentado en el marco de las cumbres internacionales que se llevaron a cabo en Buenos Aires en 2018.

El magistrado relató, además, que después de realizar las maniobras de espionaje ilegal y tras ser descubiertos, los procesados Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, “entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales”.

Sobre cómo fueron las maniobras de espionaje, el juez narró que “desde fines del mes de julio y los días previos al 7 de agosto de 2018, ordenaron la realización de tareas de vigilancia y observación” frente a la sede del Instituto Patria y del domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner.

“La tarea encomendada tenía por objetivo obtener información, mediante la producción de inteligencia, como así también la de almacenar datos sobre Cristina Fernández, por el solo hecho de su opinión política, o su adhesión y pertenencia a organizaciones partidarias contrarias al gobierno de turno”, expuso el magistrado.

Para realizar el espionaje “se instaló personal de la AFI dentro de vehículos, con la finalidad de observar los domicilios indicados a fin de detectar y registrar los movimientos que se realizaban en ellos”, mientras que “por las noches se colocaron ‘autos de técnica’, que consiste en estacionar un vehículo en cercanías de los domicilios con una cámara en su interior para filmarlos y registrar lo que sucedía”, se detalló en el fallo.

Mirá el documento exclusivo al que accedió diario Hoy, que les prohíbe la salida del país a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.