La ley que se transformó en cuestión humanitaria

Hoy la provincia de Buenos Aires enfrenta un doble desa­fío: por un lado, superar las consecuencias de un go­bierno que no apostó a la infraestructura productiva, ni sanitaria, ni social con los sucesivos endeudamientos que contrajo y, por otro, la necesidad de afrontar la pandemia.

Pero más allá de las prioridades que cada gobierno establece en sus gastos, lo cierto es que la Provincia todos los años recurre al crédito para hacer frente a las necesidades públicas. Por ello, durante el mandato de la exgobernadora María Eugenia Vidal se inauguró un ciclo de empréstitos que implicaron una autorización de endeudamiento por alrededor del 20% del presupuesto del primer año de su gestión. El acumulativo de deuda contra presupuesto alcanza casi al 100% del presupuesto anual.

De este modo, además de la difícil situación económica recibida, a la actual gestión de la provincia de Buenos Aires se le suma la co­yuntura de pandemia, por lo que se requiere de parte de todo el arco político una gran responsabilidad para atravesar las dificultades de la mejor manera posible.

Hoy, el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura un proyecto de autorización de endeudamiento por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos. El pedido del actual gobernador representa menos del 10% de lo establecido en la ley que prorrogó el presupuesto 2019 para este ejercicio y que significó gastos por $929.000 millones.

El justificativo de endeudamiento es legítimo desde cualquier ángulo que se lo mire. La inyección de recursos implica, al menos, dos cuestiones. Por un lado, la protección social, que se vuelve sumamente necesaria dado el empeoramiento inobjetable de los indicadores de pobreza e indigencia. Por el otro, un amortiguador económico, ya que el mayor consumo levanta la deprimida demanda agregada y, en consecuencia, el producto, el ingreso y la recaudación. Y de esta forma se genera un aminoramiento del costo fiscal.

Por estos motivos, y por la propensión marginal a consumir de los sectores en situación de emergencia, es que la aplicación de estos recursos funcionaría como un buen respirador para la economía.

En conclusión, la asignación de fondos con fines sociales y para la asistencia en la emergencia es un instrumento ante el cual hasta los Estados más conservadores y apegados al fiscalismo ajustador deciden no oponerse en las actuales circunstancias.

Los proyectos dentro de este marco tienen por objetivos potenciar la protección social y estimular la demanda agregada, lo que también implicaría una menor caída de las utilidades empresa­riales. Es interesante, además, la comparación con la última autorización votada en la Legislatura para la gestión anterior que ascendía a 87.000 millones. Cifra que se asimila a la suma que solicita el actual gobernador pero un año después y en plena pandemia.

No es necesario apelar a los enormes esfuerzos que se están realizando en materia sanitaria en nuestra Provincia, ni recurrir a lo obvio para fundamentar este proyecto. La aprobación de esta ley podría darse tranquilamente en circunstancias de prepandemia, pero la presencia del virus agrega motivos que implican un gran sentido de humanidad.