La Provincia avanza en la Corte por una deuda millonaria de Anses

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en las últimas horas en su disputa judicial contra el Estado nacional por la deuda que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social, que ya supera los $2,2 billones. La audiencia, convocada por la Corte Suprema, reunió a funcionarios clave del gabinete económico y jurídico bonaerense.

Del encuentro participaron el ministro de Economía, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Allí, la Provincia expuso su reclamo por los fondos vinculados al sistema jubilatorio que, según denuncian, no fueron transferidos por Nación.

Tras la audiencia, López valoró la instancia de diálogo institucional y señaló que el Gobierno nacional se comprometió a trabajar en el reclamo. Además, confirmó que se fijó una nueva reunión para el 21 de abril, con la expectativa de avanzar hacia un reconocimiento formal de la deuda y un esquema de solución.

El conflicto por los fondos previsionales es solo uno de los siete frentes judiciales que la gestión bonaerense mantiene contra la Nación. Según precisaron, el total de las deudas, entre transferencias no automáticas y obras paralizadas, asciende a $15,6 billones.

Entre los reclamos adicionales se incluyen recortes en áreas sensibles como seguridad, transporte y educación, lo que, según la Provincia, impacta directamente en la prestación de servicios esenciales. En ese marco, desde la administración del gobernador Axel Kicillof advirtieron sobre el esfuerzo financiero que implica sostener el funcionamiento del Estado provincial.

Uno de los puntos centrales del planteo bonaerense radica en el impacto directo que estas deudas generan sobre el sistema previsional. Desde la Provincia remarcaron que la falta de transferencias compromete la sustentabilidad de las jubilaciones provinciales y obliga a redoblar esfuerzos presupuestarios para cubrir obligaciones básicas.

A este escenario se suma la caída de la recaudación en un contexto económico adverso, lo que profundiza las dificultades fiscales. La combinación entre menores ingresos y mayores exigencias financieras tensiona las cuentas públicas y limita el margen de acción del gobierno provincial.

Asimismo, el reclamo se inscribe en una discusión más amplia sobre el régimen de coparticipación federal. Buenos Aires sostiene desde hace años que existe un reparto desigual de recursos, ya que aporta una porción significativa de la recaudación nacional pero recibe un porcentaje considerablemente menor.

En ese marco, desde el Ejecutivo provincial anticiparon que continuarán impulsando instancias judiciales y de negociación política para revertir esta situación. La expectativa está puesta en la próxima audiencia, donde buscarán avances concretos que permitan encauzar la resolución del conflicto.