“La reforma de Gerardo Morales es inconstitucional”

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) se sumó a las presentaciones judiciales para pedir la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución en Jujuy, impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, al considerar que “pone en peligro la democracia y criminaliza la protesta social”.

“Adherimos a la presentación de inconstitucionalidad de la re­forma que fue impuesta entre gallos y medianoche, sin el conocimiento de las comunidades. Es un texto que viola todas las normas y pone en peligro la democracia, no solo en Jujuy, sino también en el resto del territorio argentino, al criminalizar la protesta social”, señaló Rodolfo Paulino Fernández, coordinador de Endepa.

Esta pastoral es un organismo que funciona en comunión y depende de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), de la Iglesia Católica, y en una carta elevada a los jueces de la Suprema Corte de Jujuy, que lleva la firma del Presidente de la Nación, se sostiene que “en el acompañamiento a los pueblos indígenas” es que se plantea la “adhesión a la acción de inconstitucionalidad”.

“La reforma constitucional de Jujuy vulnera de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y convencionales referida a los pueblos indígenas, afectando de manera directa e indirecta el derecho a la participación, a la consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento y el derecho al acceso a la información adecuada con consecuencias directas sobre su territorio, propiedad y posesión comunitaria, bienes ambientales de su territorio e intereses de los pueblos indígenas de Jujuy”, sostiene el texto de la Pastoral.

Asimismo, el coordinador recor­dó que Argentina adhirió en el año 2000 al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que depende de las Naciones Unidas. Ese tratado sostiene que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”.

Sin embargo, advirtió Fernández, “Morales lo ha desconocido en su totalidad, pese a que ese convenio tiene rango de ley nacional”.

En particular, esto implica que, “en el caso de la reforma, debe haber una consulta previa e informada a las comunidades. Los pueblos tienen que saber muy bien cuando se va a legislar sobre sus territorios y, sin embargo, no se les informó nada”.

Y añadió: “El gobierno de Morales ha procedido de una manera oscurantista al reformar la Constitución de la provincia. Los pueblos apenas escucharon previamente algunos rumores sobre la criminalización de la protesta y eso efectivamente sucedió. Hoy eso está vigente y vulnera no solo sus derechos, sino también los de todos los ciudadanos del país. El derecho a la protesta está incluido en la Constitución Nacional”.

“Esta presentación tiene que ver con el trabajo territorial que ­desarrollamos desde hace más de 40 años con las comunidades. En Endepa trabajamos en comunión con la CEPA y dentro de ese conjunto tenemos una comisión de obispos de la Pastoral Aborigen”, explicó.