La ruta de la recaudación ilegal que llega al Ministerio de Seguridad

En el marco de la investigación por la causa de los sobres, desde el Sindicato Policial denuncian falencias en los sumarios administrativos y cuestionan que el titular de la cartera, Cristian Ritondo, no eche a los implicados en el circuito de recaudación ilegal. Sospechan que el “dinero negro” llegará hasta altas esferas del Ministerio y de la jefatura policial 

Mientras la Justicia penal avanza en la investigación en la causa de los 36 sobres hallados con más de 153.000 pesos en la Departamental policial de La Plata el pasado 1º de abril, el sumario administrativo de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que conduce Cristian Ritondo muestra falencias alarmantes: dos de los cuatro imputados por asociación ilícita y cohecho siguen cobrando la totalidad del sueldo a pesar de haber sido desplazados de sus cargos, y no se avanza en las responsabilidades de los mandos superiores.

Está claro que no es la intención política del Ministerio llegar hasta las últimas consecuencias. Además de la inexplicable decisión de pasar a disponibilidad al exjefe de operaciones Ariel Huck y al exsecretario de la Departamental Walter Skramowskij para con eso reducir al 50 por ciento sus ingresos, y mantener solo como desafectados al exjefe de la dependencia policial indicada, Darío Camerini y su segundo, Rodolfo Carballo, con lo cual no se les tocó sus ingresos, el sumario no busca complicidades con los altos mandos de la Policía Bonaerense.

Todo esto se da en un contexto en el que uno de los jueces que la semana pasada firmó un fallo que podría terminar con 31 comisarios presos sufrió un ataque en plena vía pública, poco después de salir de su despacho en los tribunales penales de La Plata. Se trata del integrante del Tribunal de Casación bonaerense, Martín Ordoqui, cuya camioneta fue atacada por dos personas que iban en una moto y que se dieron a la fuga tras romper, de un palazo, el vidrio del acompañante. Hasta el momento, la investigación para dar con el paradero de los atacantes está en punto muerto y Ritondo ni siquiera llamó al juez atacado. Tampoco hubo un comunicado del Ministerio de Seguridad repudiando lo sucedido. 

Se sabe que en la pirámide institucional policial, las bases recaudan dinero para sus superiores, por lo que sería infantil pensar que el dinero “sucio” cortaba su paso en Camerini. Desde el Sindicato de la Policía de Buenos Aires (Sipoba), que conduce Nicolás Masi y Luis Tonil, denunciaron que el 6 de abril último, es decir, cinco días después de que se visibilice la corrupción policial local con el secuestro de los 36 sobres en la Departamental, el superintendente de la región capital, Fernando Grasso, jefe inmediato superior de Camerini, sufrió un violento asalto. Asimismo, desde la cartera optaron por no responder ante una consulta de este diario respecto a las denuncias del sindicato policial. 

Según explicaron desde Sipoba, Grasso fue reducido por cuatro sujetos armados que se movilizaban en un auto marca Chevrolet Corsa cuando a la madrugada llegaba a su casa en Quilmes Oeste.

“Los delincuentes le pegaron un culatazo en la cabeza a Grasso y le sustrajeron un bolso con 400.000 pesos”, explica la denuncia de Sipoba. Desde el gremio detallaron que el jefe policial se atendió en la guardia del Hospital Iriarte, pero que nunca fue denunciado el hecho.

Todo parece indicar que el dinero que se llevaron los malvivientes correspondía a la recaudación ilegal en La Plata. Entonces, ¿por qué no se investiga a Grasso en el circuito de corrupción? ¿Será que ese dinero llegaba en parte también al subjefe y jefe de la fuerza, Néstor Perrone y Pablo Bressi, y a las autoridades que conducen el Ministerio de Seguridad de Ritondo?

Sobre presiones y extorsiones

Hay versiones que indican que Ritondo estaría entre la espada y la pared por las denuncias de corrupción policial. ¿Será por haber concedido que el exministro de Seguridad, el sciolista Alejandro Granados, le “sugiriera” a la cúpula, y ahora no sabe cómo sacárselos de encima? ¿O será que hay otros elementos de presión que no le permiten a Ritondo ir a fondo para transparentar a la fuerza?

En ese contexto, a pesar de las decenas de denuncias de corrupción estructural, el gobierno bonaerense mantiene a los altos mandos de la fuerza policial que, en muchos casos, son los mismos que ocupaban cargos de conducción durante el gobierno sciolista. Tal es el caso del propio Bressi, que pasó de ser superintendente de Drogas Ilícitas a jefe de Policía.

Otra muestra de la liviandad es la reacción de la cartera de Seguridad respecto a los resultados de las declaraciones juradas patrimoniales de los jefes policiales. Solo sancionaron con 5 días de descuento a los 134 oficiales que de­sobedecieron la orden de transparentar sus patrimonios, y en el caso de Néstor Martín, integrante de la cúpula con un sospechoso crecimiento económico (cuenta con propiedades y dinero por más de 4 millones de pesos), aún están analizando si lo separan del cargo.

Esta situación sorprende ya que choca de frente con los lineamientos enunciados por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien en las últimas semanas se pronunció contra la corrupción. ¿Se sentirá sin acompañamiento de los funcionarios del área? ¿No sabrá cómo perforar el pacto de silencio que parece reinar en la cúpula policial?

Radiografía de un escándalo que crece

-23 de febrero: un policía en actividad y con más de 20 años en la fuerza radicó una denuncia anónima en Asuntos Internos.

 -1º de abril: incautaron de la sede de la Departamental Policial de La Plata 36 sobres con más de 153.000 pesos. -Según el Sipoba, al actual superintendente de la Región Capital, Fernando Grasso, le robaron un bolso con dinero. Se sospecha que sería recaudación ilegal. Este hecho habría ocurrido el 6 de abril.

 -21 de abril: ordenan detener a cuatro policías imputados: Darío Camerini, Rodolfo Carballo, Ariel Huck y Walter Skramowskyj. Presentan un habeas corpus y frenan la detención.

-3 de mayo: ingresó al Tribunal de Casación el pedido de nulidad de la causa de los sobres, ante el rechazo de esa solicitud por la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal. Dos de los tres jueces del Tribunal ya rechazaron la nulidad.

 -Se realizó en la Asesoría Pericial de barrio Hipódromo el estudio caligráfico. Fueron citados todos los comisarios, sus segundos y jefes de calle de La Plata. Varios uniformados decidieron no participar y otros quedaron seriamente comprometidos: hay 31 comisarios que podrían terminar presos. 

Hay que detectar y exonerar

La decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de terminar con los circuitos corruptos en la Policía Bonaerense llevará tiempo. Eso es claro. Sin embargo, desde la cartera que conduce Cristian Ritondo no parecen acompañar con firmeza.

Ya hemos dicho en otras oportunidades que durante el gobierno de Daniel Scioli la Policía llegó a recaudar para los políticos de turno entre 80 y 100 millones de pesos en forma mensual. Cortar de un día para otro es imposible. Los funcionarios que estaban y están acostumbrados a esos manejos ilegales van a seguir con las maniobras, pero ya es tiempo de señales contundentes, por lo que hay que detectarlos y exonerarlos.

La sociedad espera eso. El servicio de seguridad debe mejorar con urgencia. Ya pasaron más de nueve meses. Ya no sirve echarle la culpa al pasado.