Mientras el Gobierno de Milei busca desacreditar la lucha de la comunidad universitaria, el Consejo Interuniversitario Nacional desmiente categóricamente cada uno de los dichos, evidenciando las inconsistencias del discurso oficial.
05/10/2024 - 00:09hs
Luego de las múltiples marchas en favor de la universidad pública, el gobierno de Javier Milei ha iniciado una campaña de desprestigio contra la comunidad universitaria, intentando desacreditar a estudiantes, docentes y no docentes. Ayer, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicó un comunicado desmintiendo las afirmaciones del gobierno.
Días atrás, Carlos Torrendell, secretario de Educación, acusó a las universidades de "inventar estudiantes para cobrar más fondos", pero el CIN aclaró que el presupuesto no se asigna por cantidad de estudiantes, sino por salarios y gastos operativos. También desmintió a Luis Espert, quien afirmó que "los pobres no están en las universidades". El CIN reveló que el 48,5% de los estudiantes en 2024 están por debajo de la línea de pobreza y el 70% son la primera generación en acceder a la universidad.
Además, Milei alegó que "no se audita lo que gastan" las universidades, ignorando que son de las instituciones más controladas del sector público, con auditorías internas y externas, incluyendo la intervención del Congreso y la Coneau. También vetó la Ley de Financiamiento universitario bajo el pretexto de que “los salarios están por encima del sector público”.
Sin embargo, esto fue desmentido, afirmando que más del 85% de los docentes y el 60% de los no docentes están en situación de vulnerabilidad económica.
Finalmente, el Presidente sostuvo que la ley afectaría el “equilibrio fiscal”, pero desde la entidad universitaria se explicó que su impacto sería solo del 0,14% del PBI, fácilmente financiable con el superávit del gobierno. “La Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14% del PBI. Lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. También se podría financiar con el superávit financiero anual”, afirmaron.
Por último el CIN también destacó que la universidad pública es un pilar fundamental de la movilidad social en Argentina, ofreciendo oportunidades a sectores históricamente excluidos. Lejos de ser un espacio elitista, como sugiere el gobierno, las cifras demuestran que la educación superior sigue siendo accesible para los sectores más vulnerables, contribuyendo al desarrollo y la igualdad de oportunidades. Este rol crucial de las universidades contrasta con la narrativa que intenta imponer la administración de Milei, buscando deslegitimar una de las instituciones más valoradas del país.