Ley de Sociedades: Milei elimina controles y amplía el poder empresario

El Gobierno impulsa una reforma que reduce la intervención pública y habilita sociedades bajo reglas extranjeras.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío al Congreso de la nueva Ley General de Sociedades mediante un comunicado en rede sociales. Tras el anuncio, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló el alcance de la iniciativa, que busca reducir los controles estatales y otorgar mayor autonomía a las empresas para definir sus propias reglas.

Sturzenegger celebró en X que el proyecto termine con lo que llamó “la tutela del Estado” sobre el sector privado. Según explicó, la iniciativa busca pasar “de un régimen rígido y anacrónico” a otro basado en “autonomía, libertad y desregulación”. En la práctica, menos intervención pública, menos capacidad de control y más margen de maniobra para las sociedades comerciales. El proyecto llegará al Senado en medio de internas dentro del oficialismo y con la intención de Milei de convertir junio en el mes de las grandes reformas.

El estatuto manda

El ministro de Desregulación presentó la reforma como un paso hacia la autonomía empresarial. “Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”, señaló. La idea central es que los acuerdos entre socios prevalezcan por encima de buena parte de las regulaciones estatales.

Un país bajo reglas extranjeras

Por otra parte, la reforma habilita que las sociedades resuelvan conflictos bajo legislación extranjera. Eso implica que empresas argentinas podrían regirse por normas de otros países, mientras la Justicia local queda relegada.

El paquete también incluye la creación de “sociedades automatizadas” manejadas por algoritmos o inteligencia artificial, que no requerirán empleados para su funcionamiento ordinario. Se trata de compañías con mínima regulación y sin estructura tradicional de personal.

La propuesta se presenta como parte de un esquema de desregulación y flexibilización que promete atraer inversiones. Sin embargo, lo que se instala es un modelo que reduce la protección laboral, limita la capacidad de control del Estado y profundiza la concentración de poder en manos de las empresas.

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