Macrismo: así era el espionaje ilegal en cárceles

Luego de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, ordenara la semana pasada un nuevo allanamiento al penal de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la causa por el espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos avanza con el denominado “capítulo penitenciario”.

Allí se investigan maniobras de inteligencia realizadas sobre empresarios y exfuncionarios kirchneristas que estuvieron detenidos por causas vinculadas con supuestos hechos de corrupción.

Los investigadores intentan determinar quién dio las órdenes para realizar las tareas de espionaje ilegal, en un expediente en el que se acumulan indicios que podrían conducir al expresidente Mauricio Macri, según fuentes del caso.

Cabe aclarar que se concretó un segundo allanamiento en el penal de Ezeiza y otras dependencias del SPF, como el Departamento de Inteligencia Penitenciaria. En el primero, llevado a cabo por el apartado juez de la causa, Federico Villena, se habían encontrado cámaras, micrófonos, cables y actas, que ya están incorporados en el expediente.

Los allanamientos tuvieron por objetivo recolectar documentación vinculada con la sospecha de que se habría implementado en el SPF un mecanismo para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos, y luego poner esa información a disposición de la AFI.

“El resultado de los allanamientos fue positivo, se pudo recabar mucha información”, indicó una fuente de la investigación, que agregó que, durante el operativo realizado en la Dirección Nacional del SPF, un testigo declaró que el día de la renuncia de su extitular, Emiliano Blanco, dos asesores de él pasaron por allí a retirar cajas con documentación.

Esa declaración motivó que se ordenara el allanamiento de los domicilios a nombre de Blanco, lo cual se llevó a cabo ayer, finalizando así los procedimientos que habían empezado el jueves al mediodía.

La causa también contiene la declaración de distintos testigos de identidad reservada que dieron cuenta del mecanismo de espionaje penitenciario, como el que dijo que el asesor del SPF, Fernando Carra, “formaba parte de un engranaje manejado por
Emiliano Blanco”.

El programa IRIC (“Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”), fue un sistema que diseñó el gobierno de Cambiemos que permitió agrupar a los empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos por supuestos casos de corrupción en el mismo espacio físico, lo que según la Justicia habría facilitado el espionaje.

Para los investigadores, la decisión del SPF de mover al narcotraficante Mario Segovia a uno de los pabellones en los que estaban detenidos los exfuncionarios fue el inicio de la maniobra que luego habría permitido el espionaje político ilegal.

Entre las víctimas del espionaje penitenciario están Julio De Vido, Roberto Baratta, Rafael Llorens, Carlos Kirchner, César Milani, Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra,
Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Los indicios que llevan a Macri

Mientras se descubren nuevas facetas del plan sistemático de espionaje ilegal, la pregunta que sobrevuela el expediente de Lomas de Zamora es quién estaba en la cima de la organización. La respuesta a este interrogante podría ser el expresidente Mauricio Macri, quien por estas horas pasea alegremente con su familia por Europa.

Los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ya fueron procesados por espionaje ilegal, por lo que quienes llevan la causa sospechan que Macri no pudo
desconocer esa situación.

A su vez, la exempleada de Presidencia, Susana Martinengo, les decía a los espías que la información que le aportaban era puesta en conocimiento de Macri.

Por su parte, el espía Martín Coste relató que Macri se comunicaba con Arribas y otros funcionarios a través de un teléfono encriptado comprado en Estados Unidos y retocado en la central de espías.