El titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, junto con Macri, Dietrich e Iguacel, presionó para quitarle la concesión de una autopista al Grupo Índalo. Ahora están siendo investigados por asociación ilícita, entre otras causas.
El próximo 2 de septiembre en la Unión Industrial Argentina (UIA) se celebrará el Día de la Industria, en la sede cuyo dueño está siendo investigado por la jueza María Servini de Cubría por querer apropiarse, junto a Macri, Dietrich (exministro de Transporte) e Iguacel (exministro de Energía) de un contrato del Grupo Índalo.
El encuentro se llevaría a cabo en las instalaciones de la firma Cerámica Alberdi, de la localidad de José C. Paz, cuyo dueño es justamente Martín Rappallini.
El dirigente aparece en el entrecruzamiento de llamados del expresidente Macri y otros imputados, en una causa que se investiga la asociación ilícita para asfixiar económicamente al Grupo Índalo, encarcelar a sus accionistas y rematar activos a precio vil.
En 2016, cuando la empresa AEC S.A tenía la concesión de la autopista Ricchieri, luego se comprobó que ese mismo año apareció el Grupo Alberdi S.A, con la intención de adquirirla y que su representante, Martín Rappallini, había sido referenciado por el entonces Director Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.
Uno de los accionistas de Índalo, Fabián De Sousa, dijo que en 2013 habían adquirido la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas a una firma española y que al cabo de tres años, el entonces director de Vialidad Nacional, promovió la revocatoria de la concesión para actualizar el precio del peaje y volverla rentable.
Según indica el medio, Minuto Uno, Rappallini fue partícipe de la maniobra impulsada por el gobierno macrista para apropiarse de la concesión que ya estaba adjudicada al Grupo Índalo.
Sin dudas que fue otra acción por la cual la administración de Juntos por el Cambio quiso fragmentar el holding empresario de Índalo. Guillermo Dietrich, en su momento, ministro de Transporte y Obras Públicas y el extitular de Vialidad, Javier Iguacel, con el amparo y el visto bueno de Mauricio Macri.