Milei autoriza deuda millonaria y cede jurisdicción
La administración libertaria busca financiamiento más barato y compromete soberanía al someterse a tribunales extranjeros.
El Gobierno nacional oficializó la autorización para tomar deuda pública por hasta US$5.000 millones con entidades financieras internacionales, bajo contratos que incluyen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York. La decisión, plasmada en el Decreto 478/2026 y firmada por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro mediante garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.
El texto faculta al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público nacional, integrado por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, a instrumentar las operaciones necesarias para concretar el financiamiento. La norma habilita además la contratación de agentes fiscales y calificadoras de riesgo, la selección de entidades participantes y la definición de plazos, monedas y condiciones de colocación.
Exposición a litigios externos
La medida implica que la Argentina renuncia a la defensa de inmunidad de jurisdicción frente a eventuales reclamos en esa sede judicial. Aunque el decreto establece excepciones para bienes estratégicos —como reservas del Banco Central, activos diplomáticos, bienes militares y patrimonio cultural— la cesión de jurisdicción marca un retroceso en la capacidad soberana de resolver conflictos en tribunales locales. El antecedente de los juicios por bonos en default y los fallos adversos en Nueva York refuerzan la percepción de riesgo.
Facultades concentradas en Economía
El Decreto habilita al Ministerio de Economía a definir plazos, monedas y métodos de colocación, además de designar instituciones financieras, pagar comisiones y suscribir acuerdos. En la práctica, el documento concentra poder en un área clave y deja al país expuesto a compromisos que podrían comprometer recursos públicos esenciales.
La estrategia oficial se justifica en la necesidad de aliviar vencimientos y recuperar acceso a mercados internacionales. Sin embargo, el costo de ceder jurisdicción a tribunales extranjeros vuelve a instalar el debate sobre la pérdida de soberanía y la dependencia creciente de financistas externos.
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